La magistrada Camelia Toader, que fue la expositora de este proyecto, determinó que no se oponen a una legislación nacional, como la italiana, que pretende una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones, lo que le lleva a acortar el plazo de las concesiones nuevas.
El fallo determina que a falta de armonización en el ámbito de la UE, cada Estado miembro, conforme a su propia escala de valores, puede determinar los objetivos que persigue y apreciar qué exigencias requiere la protección de esos intereses.