En el último lustro, el Estado recibió más de 300 millones de dólares por la actividad de los locales de azar, incluyendo salas pequeñas y casinos completos.
La JCJ obtuvo 39,6 millones de dólares por las máquinas tragamonedas tipo A; 22,8 millones de dólares por los casinos completos; y 13,6 millones de dólares en concepto de derecho de llave.
Por la supervisión de las máquinas tragamonedas tipo C, que proliferaron durante la pasada administración, la institución obtuvo 10,3 millones de dólares.
El 71% de los establecimientos de apuestas se concentra en la provincia de Panamá, muchos de ellos operan en zonas con altos índices de pobreza, fomentando la proliferación de la ludopatía.