El decreto está a la espera de la firma del Ejecutivo

Temen que un decreto genere conflictos entre la Conajzar y las municipalidades de Paraguay

29-10-2014
Tiempo de lectura 1:40 min
(Paraguay).- Al respecto de la inminente firma de un decreto presidencial que busca reglamentar la Ley N° 1016 de juegos de azar, y que según algunos sectores lesionaría intereses de empresas y municipios, el concejal asunceno Martín Arévalo consideró que, de ser así, se podría terminar en tribunales si hay constatación de algún perjuicio.

“Si hay un decreto en el cual la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a administrar absolutamente todo, esto iría incluso contra la ley de creación de los municipios; pero quiero dejar constancia que no conozco qué tenor habría de tener el decreto respectivo”, calificó.

Algunos sectores están anticipando que el problema con algún articulado del decreto que podría presentarse es que el mismo crearía un serio conflicto entre Conajzar y las municipalidades.

Algunos representantes vinculados con la Conajzar expresaron su preocupación ante el referido decreto a la firma, que una vez promulgada podría ser atacada de inconstitucional y enfrentaría a dicha entidad con los municipios y hasta “pondría en ridículo al presidente de la República”, según indicaron.

Dicho decreto, que está a la firma del Ejecutivo, busca reglamentar la Ley Nº 1016, de 1999, que establece el régimen para la explotación de los juegos de azar.

De acuerdo con las fuentes disconformes de la Comisión, quienes pidieron el anonimato, la cabeza de Conajzar pretende hacer modificaciones retroactivas de los contratos vigentes, cuando que estos contratos, en casos de licitaciones públicas, no pueden ser modificados de manera unilateral, según se entiende.

Un artículo del decreto preparado por la conducción de Conajzar dispone que la entidad “planifique y reglamente políticas públicas de juego responsable, responsabilidad social empresarial y prevención de la ludopatía”.

Al respecto, las fuentes sostienen que la responsabilidad social empresarial no es obligatoria por ley ni se puede obligar a las empresas a tener una política al respecto. “Eso es privativo de los organismos estatales instituidos para el efecto, y al respecto las empresas pagan canon y sus impuestos”, sostienen.

La preocupación expresada desde el interior de Conajzar por personas que no están de acuerdo con la promulgación de este decreto se basa en que se pueden generar conflictos gratuitos para la entidad, pues podría desatarse una reacción en cadena de pedidos de inconstitucionalidad, tanto de operadores privados como de municipios.

“En Conajzar debemos apuntar al cumplimiento estricto de nuestros deberes y no crear otros frentes de conflictos potenciales que no harán otra cosa que desviar nuestra atención”, apuntó una de las fuentes.

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