La ley citada establece el régimen para la explotación de los juegos de azar y según fuentes consultadas, Conajzar pretende hacer modificaciones retroactivas de los contratos vigentes, cuando que estos contratos, en casos de licitaciones públicas, no pueden ser modificados de manera unilateral.
El artículo segundo del decreto preparado por Conajzar dispondría que la entidad “planifique y reglamente políticas públicas de Juego Responsable, Responsabilidad Social Empresarial y Prevención de la Ludopatía”.
Al respecto, las fuentes sostienen que la responsabilidad social empresarial no es obligatoria por ley ni se puede obligar a las empresas a tener una política al respecto. “Eso es privativo de los organismos estatales instituidos para el efecto, y al respecto las empresas pagan canon y sus impuestos, a criterio de los disidentes”.
Al respecto, Justo Zacarías, miembro de Conajzar, recalcó que se instará efectivamente a las empresas a extenderse más en la responsabilidad social, para combatir la ludopatía, por ejemplo, y que el jugador solo utilice el juego para divertirse, pero no para crear adicción o enferme.
Las fuentes tampoco están de acuerdo con que la Conajzar deba autorizar a cada empresa la venta de productos de juegos de azar, tal como parecería que está incluido en el decreto.
Consultado sobre las preocupaciones, a su turno Ricardo Núñez, otro miembro de Conajzar, se excusó de opinar al respecto, argumentando haberse nombrado vocero al mismo presidente de la entidad, Javier Balbuena.
Otro punto cuestionado guarda relación con la autorización a cada empresa la venta de productos de juegos de azar. La fuente agregó que “es tan utópico como que cada quinielero deba ir a la Conajzar a pedir un certificado para vender el producto. Es inaplicable y va a forzar a todas las empresas a mantenerse al borde de la ilegalidad, sostuvo”.