Coljuegos destaca el avance contra el lavado de activos

La política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), consolidada en el documento Conpes 3793 de 2013, hace énfasis en la implementación de un enfoque basado en riesgo para proteger a los sectores clave de la economía del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La industria de juegos de suerte y azar, como creciente actividad económica en el país, se ha articulado con los demás sectores protegidos por el sistema nacional antilavado, a través de la implementación de metodologías comunes de administración riesgo y el reporte de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la entidad de inteligencia financiera y económica del país, cuyos casos de inteligencia son trasladados a la Fiscalía General de la Nación para investigación y posible judicialización.

2013: primera norma anti-lavado para casinos, bingos y otros juegos nacionales

Coljuegos tiene competencia sobre los juegos novedosos (Baloto- Revancha, Súper Astro, Apuestas Deportivas Paramutuales) y los juegos localizados (casinos y bingos). Su objetivo es explotar y administrar la renta que producen estos juegos para la financiación de la salud pública de los colombianos; e igualmente reglamentar nuevos juegos de su competencia para incrementar los recursos que produce esta industria en favor del sector salud.

Asimismo, Coljuegos busca cumplir su misión articulando el desarrollo de una industria responsable y sostenible, por lo cual se ha propuesto elevar los estándares de transparencia en el sector. Así, Coljuegos expidió en abril de 2013 la primera norma que exige a sus concesionarios la implementación de un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Resolución SIPLAFT 260 de 2013), desarrollada con la asesoría y recomendaciones de la UIAF. Este sistema fija unos estándares más estrictos para el tratamiento de estos riesgos en las empresas autorizadas por Coljuegos para operar juegos de suerte y azar.

A un año y medio de la expedición de esta norma, el 94 por ciento de los operadores autorizados por Coljuegos ya ha implementado las primeras medidas para la prevención del lavado de dinero o la financiación del terrorismo a través de sus empresas.

Esta norma pone al día la reglamentación nacional en cuanto a las observaciones de organismos especializados como el GAFISUD, cuyo último informe data de 2008. Entre las prácticas incorporadas por el SIPLAFT, Coljuegos exige a los operadores autorizados el nombramiento de un oficial de cumplimiento y el diseño de unos procedimientos que cumplan con las políticas mínimas en materia de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dentro de estas políticas, está la identificación de clientes y ganadores de premios, a partir de un cierto monto tanto en las apuestas realizadas como en los premios ganados.

Lo anterior, junto con un seguimiento más estricto a la obligación de reportar transacciones, pago de premios y operaciones sospechosas; fortalece la tarea de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) el organismo estatal encargado de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en toda actividad económica, con el fin de llevar estos casos hasta la etapa de judicialización.

Según datos de la UIAF, en el último cuatrienio sus reportantes han aumentado 281 por ciento, pasando de 5.569 entidades a 21.243, entre las cuales 328 son empresas vigiladas por Coljuegos, es decir, un 85 por ciento de los operadores autorizados para operar juegos de suerte y azar nacionales.

Fortalecimiento institucional de Coljuegos en la detección del riesgo

Coljuegos también ha trabajado, de la mano de gobiernos aliados, en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para combatir efectivamente el riesgo de comisión de estos delitos.

Un ejemplo de esto es el convenio suscrito con la Embajada de los Estados Unidos de América; como parte del cual, a partir de 2014, Coljuegos empezó a recibir asistencia tecnológica y técnica para incrementar su capacidad de identificar y tratar el riesgo que tiene la industria del juego de ser usada como vehículo para introducir dineros ilícitos.

También, desde 2013, Coljuegos ha trabajado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia de Colombia, dentro de la alianza Negocios Responsables y Seguros, en mesas de expertos y talleres dirigidos a empresarios del juego sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Doce de estos talleres se han realizado en 9 ciudades colombianas, con la asistencia de 135 operadores de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos.

Este trabajo apoyado por el Ministerio de Justicia y la UNODC ha dado como resultado el primer modelo en Colombia para la  Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que es específico para los juegos de suerte y azar; con lo cual la industria del juego se convierte en la tercera del sector real colombiano en implementar el modelo de Naciones Unidas para el tratamiento de este problema.

CNJSA ha impulsado una norma anti-lavado para los juegos territoriales

Si bien la adjudicación y administración de la renta de los juegos territoriales -Chance y Lotería- son competencia de cada gobierno departamental; el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) ha desarrollado también una norma que pretende estandarizar las prácticas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo entre los operadores de los juegos territoriales. 

La norma (Acuerdo 097 de 2014) hace más exigentes los requerimientos que deben cumplir las loterías, las entidades concedentes del Chance y los operadores de Chance en esta materia.  Los actores que intervienen en la administración y operación de Lotería y Chance deben cumplir con los requisitos de esta norma a más tardar en enero de 2015.

Uno de los aspectos más relevantes del Acuerdo 097 de 2014 es la obligación de reportar los ganadores de premios Chance a partir de 500.000 pesos (más de 248 dólares) y de Lotería a partir de 5.000.000 pesos (más de 2.400 dólares); lo cual hace más exigentes los reportes que deben hacer los operadores de Lotería y Chance a la UIAF. 

Durante 2014, el CNJSA ha realizado cuatro talleres sobre la norma antilavado para juegos territoriales, en los cuales han participado las 16 loterías del país, 31 entidades concedentes de Chance y 31 operadores de Chance.