En su lucha contra el juego ilegal, durante los seis primeros meses del año los efectivos de la Unidad de Policía adscrita llevaron a cabo 255 inspecciones, por las que levantaron 412 denuncias. En este sentido, de las 228 tragamonedas analizadas, 34 fueron destruidas, 16 quedaron precintadas, una decena fueron decomisadas y a tres de sus responsables se les interpuso la preceptiva denuncia.
Como han indicado desde la citada unidad policial, el juego es una actividad regulada por Ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes. Además, este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de negocios.