Los operativos de control del juego ilegal contaron con el apoyo de la Policía regional, institución que desplegó un importante esquema de seguridad que posibilitó las acciones de control. El monto de la evasión en los establecimientos desmantelados en Valle del Cauca y Cesar se estima en más de $400 millones de pesos por cada año de funcionamiento del total de las máquinas; recursos que dejó de recibir el sistema de salud pública que atiende a los habitantes de ambos departamentos. Coljuegos determinará el decomiso definitivo de los elementos de juego retirados para su posterior destrucción e iniciará un proceso sancionatorio que contempla multas por un valor superior a los $8.900 millones e inhabilidad para operar juegos de suerte y azar hasta por cinco (5) años. Paralelamente, Coljuegos recopiló material probatorio para interponer las correspondientes denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación contra los presuntos implicados en la operación de los establecimientos de juego ilegal. Desde 2013 Coljuegos ha retirado 3.639 máquinas tragamonedas que funcionaban ilegalmente en diferentes regiones del país.