Por operar o administrar ilegalmente

México: presentan un proyecto de ley en el que los funcionaríos podrían ir presos

12-05-2014
Tiempo de lectura 1:47 min
(México).- La Cámara de Diputados presentará un proyecto de ley para regular el negocio de los casinos. En la propuesta se castiga hasta con 15 años de cárcel a quienes autoricen la operación ilegal de las casas de apuestas y a los funcionarios que las operen y administren.

De acuerdo con el último borrador circulado entre los legisladores federales, de la Ley General de Juegos y Sorteos Responsables, el funcionario que autorice la operación de un casino o que emita un acto administrativo que le permita operar al margen de la ley, podrá ser sancionado con una pena de entre tres y 10 años de prisión, tiempo por el que quedará inhabilitado.

En el capítulo que se establecen los "Delitos Contra el Juego Responsable", los diputados contemplan castigos que van de dos a cinco años de cárcel para quien organice juegos con apuestas o sorteos sin contar con el permiso legalmente expedido.

Ese mismo castigo será aplicado a quien adquiera el boleto ganador de un participante con la finalidad de cobrar el premio. La ley incluso pretende sancionar a los jugadores que participen en actividades de sorteos y apuestas, sabiendo que el organizador no cuenta con el permiso legal.

Todas las penas de prisión pueden incrementarse hasta en una mitad cuando la comisión del delito ponga en riesgo la integridad, salud, bienestar o libre desarrollo de la personalidad de un menor de 21 años de edad.

Además, en el texto se establecen acciones como el decomiso de bienes muebles y la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

"El Ministerio Público podrá tomar todas las medidas necesarias para embargar, de manera precautoria, los bienes y productos del delito", detalla.

Incluso se detalla que quienes hayan representado a personas jurídicas involucradas en estos delitos no podrán participar en otras empresas que soliciten permisos para juegos y sorteos.

El caso de las sanciones administrativas, dependiendo de la gravedad de la falta, se podrá revocar el permiso a cualquier casino.

La lista de castigos económicos incluye multas que podrían rebasar los 20 millones de pesos, amonestaciones, arrestos, aseguramiento de bienes y hasta su destrucción.

También se podrán suspender las funciones del establecimiento, bloquear su protocolo de Internet y bloquear sus pagos, así como clausurar de manera temporal o definitiva el local.
Por otro lado, los casineros deberán coadyuvar en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta obligación la llevarán a cabo a través del nuevo Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, que deberá trabajar con otras dependencias públicas para reunir información de inteligencia sobre los grupos de delincuencia organizada y evitar su participación este negocio.

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