Cerca de 100.000 ciudadanos compran juegos ilegales y se enfrentan cada día a una situación de "total indefensión" ante este tipo de prácticas, que logran unos beneficios de 84 millones de euros al año, ha añadido Cocarmi, que ha pedido a la administración que interrumpa estas actividades.
"Pedimos frenar la actividad comercial de las organizaciones que abusan de la imagen de la discapacidad y realizan acciones de juego sin concesión ni cobertura administrativa", señalan y advierten que esta práctica relaciona a los discapacitados con la mendicidad y con modelos benéficos que ya se habían superado.
En Cataluña operan cinco asociaciones que comercializan productos de juego ilegales y "están ganando cada vez más fuerza", especialmente en las provincias de Girona y Tarragona, y utilizan a personas con discapacidad como vendedores.
Pese a que las organizaciones de juego ilegal justifican su actividad en un supuesto apoyo a las personas más vulnerables, lo cierto es que en los últimos años se ha observado que cada vez utilizan con mayor frecuencia a personas que en realidad no sufren discapacidades. Estas prácticas fomentan el "enriquecimiento ilícito", y generan engaño y confusión entre los consumidores, ya que las empresas acostumbran a copiar las mecánicas de juego de las organizaciones legales, principalmente de la Once.