Una vez esta admisión a trámite se publique en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC), el órgano consultivo de la Generalitat tendrá un plazo de un mes para responder al recurso y opinar sobre la constitucionalidad de la norma.
Tras el fallo y en el caso de que los magistrados detecten algún precepto antiestatutario o inconstitucional, se abriría un plazo de tres días para que los grupos pudieran presentar nuevas enmiendas al redactado de la norma y adecuarla a la legalidad, aunque cabe recordar que los dictámenes del Consejo de Garantías no son vinculantes.
De esta forma, todo apunta a que el debate final sobre el proyecto de ley que debe rebajar a los casinos el impuesto sobre el juego y facilitar la instalación del macrocomplejo de ocio en Tarragona no se podrá celebrar hasta el pleno del 28-29 de mayo.