La expansión de los juegos de apuestas es tema de debate en Florida

El acuerdo podría abrirle la puerta a lujosos casinos resorts en Miami-Dade y Broward u obligarlos a permanecer fuera del estado indefinidamente. Podría permitir que las carreras de galgos sean reemplazadas con juegos de galería, o podría corregir debilidades en la ley de apuestas del estado. Podría permitir que los hipódromos, canódromos, y centros de jai alai reciban una tasa de impuestos más baja, o podría obligarlos a que permanezcan en desventaja competitiva en comparación con la tribu. O podría no hacer nada y dejar intacto el statu quo. Como cualquier otro negociador, Scott mantiene sus cartas ocultas y ni él ni la tribu ha hablado.

Los registros muestran que el abogado general del gobernador, Pete Antonacci, contrató a dos bufetes de Minnesota en diciembre, que se especializan en ley tribal para “dar asesoría y asistencia en las negociaciones del compacto entre el estado y la tribu”. Antonacci viajó a Fort Lauderdale recientemente para reunirse con los principales abogados de la tribu.

Y la señal más poderosa de que el gobernador está negociando: su oficina le pidió a los legisladores que detuvieran cualquier discusión sobre las propuestas de leyes para expandir los casinos, para no perder su capacidad de negociación en el acuerdo. Eso llevó al presidente de la Cámara Will Weatherford la semana pasada a declarar oficialmente que “se apagan las luces” de las legislaciones relacionadas con apuestas, en lo que queda de sesión.

“El compacto verdaderamente se ha convertido en la piedra angular de la política sobre apuestas de Florida”, dijo el senador republicano de Bradenton, Bill Galvano, quien ayudó a negociar el compacto actual pero no ha sido invitado a ser parte de las discusiones de este año.

El derecho de la tribu de ofrecer juegos de carta como blackjack y de otros tipos en cinco de sus siete casinos de Florida caduca el año que viene y la tribu quiere que el compacto renueve esos juegos. Pero el acuerdo debe ser ratificado por la Legislatura de Florida, donde los republicanos y demócratas en favor de los juegos se han unido para pedir que se expandan las opciones de apuestas en los juegos parimutual de Florida y que se traigan casinos resort al sur de la Florida.

Muchos legisladores dicen que para obtener los votos necesarios para el compacto, el gobernador tendrá que encontrar una manera de ayudar al statu quo de las apuestas de Florida a competir con la tribu o unificar a los legisladores que están en contra de las apuestas para que apoyen un compacto que beneficie al statu quo. Durante la mayoría de su mandato, el gobernador no ha sido un negociador agresivo frente a una Legislatura dividida.

“Yo dirigiré el esfuerzo para evitar la ratificación del compacto si es un regalo para los indios como lo fue el último”, dijo el senador republicano de Clearwater Jack Latvala, quien apoya la expansión de las apuestas. “Castigamos a muchas otras instalaciones que llevaban funcionando 60 y 80 años y les dimos a los indios el monopolio. Creo que eso está mal”.

Los parimutuales y las compañías de casinos han invertido grandemente para ayudar a su causa. Han contribuido con 572.000 en el primer cuarto del año al Partido Demócrata de Florida y con 682.000 al Partido Republicano de Florida en el mismo período. La tribu seminole le dio a cada partido 150.000 cuando comenzó la sesión y las negociaciones se encaminaron, y dio al gobernador cerca de 500.000.

También ausente de la mesa de negociaciones está uno de los participantes que ensombrece todo lo que el gobernador acuerda: Charlie Crist, el otrora gobernador republicano convertido en demócrata, quien es el favorito para ganar la nominación del partido para enfrentarse a Scott en noviembre. Crist negoció el compacto actual en 2009; la Legislatura lo aprobó en 2010.

Según ese acuerdo, la tribu acordó pagar al menos 234 millones al año a cambio de los derechos exclusivos para operar máquinas tragamonedas en cuatro casinos fuera de Miami-Dade y Broward. La tribu también obtuvo el derecho de operar juegos de blackjack, chemin de fer y baccarat en los Casinos Hard Rock cerca de Hollywood y Tampa y en otros tres casinos.

La fuerza tras el compacto es el dinero. Mientras el estado acuerde a dar a la tribu algo de valor -como por ejemplo el derecho exclusivo de conducir juegos- la tribu paga al estado una parte de sus ganancias. Si el estado hace algo para reducir ese valor -como aprobar la construcción de casinos adicionales- la tribu puede dejar detener sus pagos, de acuerdo a los términos del acuerdo.

La amenaza al estado de perder ese dinero ha funcionado para mantener a los competidores al margen y para evitar la expansión de los juegos de apuestas.

“El compacto es el freno principal de la expansión de juegos, irónicamente”, dijo Barry Richard, un abogado de la tribu seminole que ayudó a negociar el acuerdo actual.

Aún los escépticos del compacto original ahora lo apoyan. John Sowinski, director de la organización No Casinos con sede en Orlando, dijo que a su organización le gustaría ver el compacto renovado, pero “se opondría a cualquier cosa que les dé más”.

“El acuerdo sobre las ganancias sirve como un freno útil”, dijo. “Es como la destrucción mutua asegurada, desde el punto de vista de las apuestas”.

El acuerdo actual ha producido más de 1.000 millones en ganancias para el estado a lo largo de los últimos cinco años y, si bien el compacto tiene una duración de 20 años, la previsión sobre los juegos de cartas caduca el 1º de agosto del 2015. Se espera que Scott quiera mejorar el compacto acordado por Crist al duplicar las ganancias a al menos 2.000 millones en un período de cinco años.

Un análisis realizado pro Spectrum Gaming Group y que fue comisionado el año pasado por la Legislatura, estimó que la tribu seminole gana un poco más de 2.000 millones al año de la combinación de juegos de tragamonedas y cartas en sus siete casinos.

En comparación, Spectrum estima que los ocho casinos en Miami-Dade y Broward ganan 2.700 millones de sus máquinas de monedas en ganancias combinadas, lo que ha llevado a muchos legisladores a exigir que el gobernador cambie la política del estado para favorecer a los parimutuales.

Hace cinco años, el estado “no tenía una gran ventaja”, dijo Galvano. La tribu ya operaba ilegalmente juegos de blackjack. La Legislatura estaba sufriendo una recesión y buscaba obtener ganancias de parte de la tribu, y los negociadores tuvieron que acordar cada detalle, desde la colocación de cajeros automáticos hasta las reglas sobre fumar.

La actitud pública con respecto a los juegos de apuestas también ha cambiado. Numerosas encuestas muestran que los votantes de la Florida mayormente apoyan la expansión de los juegos de apuestas en todas las regiones del estado; los gigantes de los casinos como el Sands de Las Vegas y Resorts World de Genting están ansiosos por invertir y están cabildeando a los legisladores para traer casinos resort a la Florida, y la opinión entre los legisladores es que los juegos de apuestas en el sector privado deberían expandirse.

Otro acontecimiento reciente es la tribu de los Indios de Poarch Creek, una tribu reconocida federalmente que es propietaria de una parcela de terreno de un acre en el noroeste del Condado Escambia. Ellos han solicitado al gobernador negociar un compacto estatal que les permita operar máquinas de tragamonedas y juegos de mesas. El gobernador no ha respondido aún.

Ambas tribus son naciones soberanas que no pueden ser obligadas a pagar impuestos y según la ley federal, el estado solo puede aceptar pagos de la tribu si le da algo de valor a cambio. Para garantizar que el estado cumpla, cualquier compacto debe ser aprobado por el Departamento de Interiores de los Estados Unidos.

Nadie espera que Scott y la tribu lleguen a un acuerdo antes de que termine la sesión legislativa el 2 de mayo, pero algunos legisladores dicen que hay una probabilidad de que el gobernador esté encaminado a anunciar un acuerdo el próximo mes.

Si ese fuera el caso, el gobernador llamaría a una sesión especial para ratificar el acuerdo, presumiblemente luego de recibir el presupuesto del estado y luego usaría estratégicamente su poder de veto para ayudar a ganar la aprobación de los legisladores renuentes. El momento más poderoso políticamente para un gobernador para llevar a cabo una sesión especial es luego de que ha emitido sus vetos.

Pero para hacer eso, el gobernador necesitaría una garantía de que podría obtener los votos y evitar una derrota embarazosa relacionada con un tema controversial. Esto ha llevado a muchos a sugerir que el gobernador esperaría hasta noviembre para anunciar el acuerdo, por ende posponiendo los temas delicados y evitando enfrentarse a los poderosos grupos de intereses que han gastado millones en campañas a nivel estatal.