Señalan al juez Jerezano Treviño como uno de los principales responsables

Investigan en México lo sucedido con el casino La Fortuna de Monterrey

05-02-2014
Tiempo de lectura 2:38 min
(México).- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, como uno de los principales operadores de una conspiración para que el crimen organizado se apodere ilegalmente del casino La Fortuna, en Monterrey, Nuevo León, con apoyo de diversas autoridades de la entidad.

Un testigo que participó en los hechos admitió ante la dependencia la forma en cómo se recurrió -entre otros delitos- al secuestro y falsas acusaciones penales para consumar el plan.

Según la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEAIARV/- 012/2013, abierta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuya copia tiene, el testigo Érick Garza Treviño señaló al juzgador como uno de los líderes del grupo que se apoderó en agosto de 2013 del casino y la empresa operadora “Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.”(Rehade), y que los prestanombres del servidor público consumaron el plan.

Los dueños originarios del centro de entretenimiento, Arturo Ignacio y Pedro Cardona Calderón, así como Jesús Andrés González González fueron acusados falsamente de despojo del centro de entretenimiento, y desde hace cinco meses están en prisión, y a pesar de las evidencias presentadas por su defensa para acreditar la fabricación del delito, el juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial del estado, Raymundo Martínez González, les inició proceso y ordenó la entrega del casino al grupo que hoy está bajo investigación.

El 18 de diciembre, la PGR realizó un cateo y aseguró el casino La Fortuna, como parte de esta investigación, en la que existen imputaciones graves contra el juez Jerezano Treviño, quien está suspendido de sus funciones desde septiembre de 2011 y también es investigado por la DEA, en Estados Unidos, por lavado de dinero, asociado a actos de corrupción en ejercicio de sus funciones.

El 1 de noviembre de 2011 inició operaciones el casino La Fortuna. Poco después, una organización comenzó a extorsionar a los dueños con un pago por derecho de piso mensual de 100 mil pesos; las víctimas -a través de sus representantes legales- señalan al juez Jerezano Treviño como quien les exigió el pago, pero los hermanos Cardona y su socio Jesús Andrés González no accedieron.

Después llegaron diversas amenazas por parte de Manuel Balderas Martínez, el ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, quien también pertenecería a esta organización, según los agraviados.

Arturo Ignacio Cardona fue secuestrado el 14 de mayo de 2012. Parte de su cautiverio lo pasó en la Notaría Pública 35 de Monterrey, donde su titular Ricardo Efraín Cargas Güemes validó una supuesta acta de asamblea de la empresa Rehade, en la que se obligó al empresario a vender sus acciones bajo amenazas contra su familia.

Ese mismo día y en la misma acta se celebraron al menos tres operaciones de compra-venta de las acciones, y quedaron como dueños Cuauhtémoc Antonio Ramírez Vogel y Antonio Orlando Balderas Martínez (hermano del ex alcalde tamaulipeco), dejando como presidente del Consejo de Administración a Jerónimo Garza Chaib y como secretario a Juan Gerardo Quintanilla López.

El 15 de mayo se obligó al otro hermano, Pedro Cardona, a firmar el acta, pero se falsificó la del tercer socio, ya que no estaba en México. En cuanto a Arturo Ignacio Cardona fue liberado, denunció su secuestro y que lo obligaron a firmar el acta, pero la Procuraduría de Justicia de Nuevo León nunca procedió contra este grupo, y acusó a los legítimos dueños de despojo. El juez federal Martínez González les entregó el lugar el 23 de agosto de 2013.

En el cateo al casino La Fortuna, la PGR detuvo a Érick Garza Treviño, representante legal de Rehade -trabajador de las personas que se apoderaron del lugar-, quien rindió declaración ministerial el 19 de diciembre en la SEIDO.

El testigo reveló que después de varios intentos para apoderarse del casino, que iniciaron desde 2012, el 13 de febrero de 2013 se interpuso la denuncia por despojo agravado contra los dueños. 

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