Los principales accionistas de Codere piden mantener el control de la empresa

Después de admitir el pasado martes que no dispone de liquidez suficiente para abonar el cupón de una emisión de bonos de 760 millones y aplazar hasta el 6 de febrero el pago de 127 millones de una línea especial de crédito, el mayor accionista de Codere –tiene actualmente 70 por ciento del capital– ha planteado a los acreedores una solución que se basa en dos factores principales.

El primero de ellos es que los Martínez Sampedro mantendrán en cualquiera de los casos el control de la compañía. Es decir, al menos el 51 por ciento del capital. En ningún escenario plantean ser “empleados” de Canyon, GSO y Blackstone, los tres fondos más activos. El segundo es la aceptación de lo que la familia denomina “una moratoria de intereses”. O lo que es lo mismo, dejar de atender la deuda durante al menos tres años, lo que sería una quita encubierta.

De esta manera, la compañía ganaría tiempo para poder vender algunos de sus activos en América Latina, principalmente sus negocios en México y Argentina, ya fuera mediante la entrada de socios o con la realización de una oferta pública de venta (OPV), operaciones con las que obtendría liquidez para devolver el dinero a los inversores y que irían acompañadas de una emisión de deuda desde un nuevo holding latinoamericano.

Ambas condiciones son innegociables por parte de los actuales gestores de Codere, que han rechazado el planteamiento realizado por los hedge funds y por los bonistas. La oferta de los inversores institucionales consiste en el canje de la deuda por capital de forma inmediata, de tal forma que los fondos distress se quedarían con el 85 por ciento del capital y los Sampedro con el 15 por ciento. Así se ha hecho con la mayoría de las inmobiliarias españolas, como Colonial, Metrovacesa y Vallehermoso, y con otras de distribución como Panrico y Dinosol, u hospitales, como USP.

Sin embargo, la familia estima que esa posibilidad no está contemplada en la legislación española, que sólo acoge la figura del concurso de acreedores, por lo que, de no alcanzar un acuerdo, los Sampedro llevarán a Codere a la antigua suspensión de pagos. La compañía ya presentó el preconcurso el pasado 2 de enero, día a partir del cual dispone de cuatro meses para negociar una solución amistosa con los acreedores. De lo contrario, el juez nombrará un administrador que, tras valorar la situación patrimonial, propondrá una quita.

Con las posturas tan dispares, el punto de encuentro no parece fácil. Aunque tanto los dueños del grupo de bingos y máquinas tragamonedas y los bonistas tienen posiciones muy alejadas, ambas partes quieren seguir negociando. Codere considera que, de no lograr una rebaja de los costos de financiación, 2014 seguirá la senda de las pérdidas con las que con total seguridad se cerrará la cuenta de resultados de 2013.  

Tras el impago o default del pasado martes, la situación puede acelerarse si los bonistas deciden ejecutar las garantías. De momento, estos inversores institucionales, entre los que están hedge funds como Cyrus, Monarch y Silver Point, no se han pronunciado. Tampoco han querido hacerlo los Martínez Sampedro, que al mismo tiempo están renegociando su deuda personal, la cual ronda los 500 millones de euros.