Por la nueva ley concursal de empresas

Los bonistas de Codere van contra la fortuna de la familia Martínez Sampedro

13-01-2014
Tiempo de lectura 2:28 min
(España).- La nueva ley sobre refinanciaciones de empresas provocó un cambio sustancial en uno de los casos más importantes de la escena bursátil: Codere. Los principales accionistas del grupo de juegos, la familia Martínez Sampedro, se acogían hasta el momento a la ilegalidad del canje de deuda por capital, una opción que ahora es la que fomenta el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes para evitar la entrada en concurso.

Así se lo han recordado hoy el conjunto de bonistas al actual presidente de Codere, que adeuda 1.100 millones de euros a estos inversores institucionales a los que no les paga el interés pactado. 

Según un documento privado, los bonistas le han comunicado por carta a los Martínez Sampedro que “resulta evidente que la nueva Ley Concursal es muy relevante para la situación de la Sociedad y debería modificar sustancialmente la actitud del Consejo” en relación a la oferta realizada por estos acreedores.

Los bonistas propusieron a Codere canjear la deuda impaga por el 82 por ciento del capital de la compañía e inyectar 400 millones de euros con el fin de asegurar la viabilidad de un grupo que ha llegado a tener un beneficio bruto de explotación de casi 300 millones. 

Pero el presidente se negó en rotundo al aseverar que esta posibilidad, totalmente aceptada en Estados Unidos y en Inglaterra, no estaba recogida en la legislación española pese a que muchas empresas se habían acogida a esta opción. Al contrario, los Martínez Sampedro abogaron por el preconcurso de acreedores, que solicitaron el pasado 3 de enero.

Ahora, con el cambio normativo, los bonistas le explican al consejo de Codere que “el gobierno español ha declarado en la exposición de motivos de la Nueva Ley Concursal que la  restructuración de la deuda de sociedades con problemas financieros es muy preferible frente a que dichas sociedades sean declaradas en concurso” para evitar la liquidación.

Los acreedores sostienen que la capitalización de la deuda -canjear los préstamos o los bonos por las acciones- permite “proteger los empleos y mantener el valor del negocio”. Y les recuerdan a los Martínez Sampedro que la nueva Ley Concursal incluye como principal mecanismo para fomentar esta salida “el riesgo de que los accionistas (y los miembros del Consejo) que se opongan sin causa  razonable a dicha capitalización propuesta por los acreedores incurran en responsabilidad personal”.

De esta manera, los bonistas plantean encima de la mesa que, en el caso de que se sigan oponiendo a la propuesta inicial, irán contra el patrimonio familiar de los Martínez Sampedro, que recientemente han estrenado una finca en la exclusiva urbanización madrileña de la La Morelaja.  

Según la nueva Ley Concursal, los accionistas de la Sociedad podrían ser considerados responsables de provocar un “concurso culpable” si rechazan sin causa razonable la propuesta de capitalización de deuda.

“Dado que el marco legal ha cambiado radicalmente y que la Oferta Final otorga una mejor recuperación de la inversión que la que ofrecería el concurso, el consejo no debería tener ninguna otra duda acerca de que sea aceptable para los accionistas”, indica la misiva. Los propietarios de Codere, tanto los mayoritarios como los minoritarios, todavía no han podido votar la propuesta porque los administradores no la han sometido a consulta en una junta extraordinaria.

Los Martínez Sampedro son propietarios del 70 por ciento del capital de Codere. Pero gran parte de esta participación está ostentada a través de una sociedad holandesa, Massampe Holding, que tiene una deuda de más de 600 millones de euros, por lo que realmente no se sabe cuál es el patrimonio real de la familia una vez descontados los pasivos sobre los activos.

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