Consideran que el principal objetivo es “atrapar a los jóvenes, e incluso a menores de edad” que se verán “indefensos” ante las restricciones que se impondrán para jugar y que son “insuficientes”, según estos organismos.
Estos mecanismos para restringir jugar a estas máquinas son un máximo de apuesta por envite de 20 euros, y la obligación del documento de identidad de modo que los menores o quienes hayan tenido problemas de ludopatía se restrinja la posibilidad de participar en estas apuestas. Las asociaciones contra el juego de azar creen que es “muy fácil eludir la identidad del que juega”.
Asociaciones contra el juego, como la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en rehabilitación (AZAJER) critican sobre todo que “no se les haya tenido en cuenta durante el proceso del proyecto, hasta tal punto que no se ha conocido nada en la Comisión del Juego hasta el final”. La cifra de 1.500 establecimientos donde está previsto instalar estas máquinas les parece “excesiva” y aseguran que “los problemas de adicción en jóvenes llegarán pronto”.
Para poder llevar a cabo este proyecto, que ha estado dos años estudiándose, se tuvo que modificar la Ley del Juego vigente desde el 2000. El Gobierno Central anunciaba que la cifra recaudada mediante las apuestas deportivas durante el 2012 no es significativa porque alcanzaba 430.000 euros.