Cuestionan en la Justicia el convenio por el juego en la Ciudad de Buenos Aires

Según explicó Gil Domínguez a La Nación, en el escrito presentado sostiene que el anexo al convenio que reparte las ganancias de los juegos de azar entre la Nación y la Ciudad es nulo e inconstitucional.

"Es nulo porque viola las formas de producción del derecho. Este anexo establece una excepción a un régimen general, que es el régimen tributario de ingresos brutos, que grava a todas las actividades comerciales con ese impuesto. Cuando se hace una excepción, se debe aprobar mediante un procedimiento legislativo de doble lectura, que incluye la realización de una audiencia pública. Y esto no se hizo", señaló el experto.

Como se recordará, el procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand, también lo había entendido así, al dictaminar al respecto. No obstante, su opinión no fue considerada por el gobierno porteño, que envió el convenio a la Legislatura para su ratificación en la última sesión antes del recambio de la mitad de los diputados y lo dio por sancionado luego de un único debate.

Además, Gil Domínguez planteó la inconstitucionalidad del contenido. "Viola el artículo 6 de la Constitución porteña, porque no respeta la autonomía de la ciudad y el deber de preservarla. Tampoco respeta los artículos 17 y 50, que regulan los juegos de azar en la ciudad, y los permiten siempre y cuando todo lo producido se destine a políticas sociales. El convenio renuncia a esto", sostuvo Gil Domínguez. Finalmente, consideró, choca contra el principio de igualdad ante la ley.

Por eso, y hasta tanto la Justicia resuelva si el abogado tiene razón, solicitó que, como medida cautelar, se suspenda la vigencia de las cláusulas del convenio en las que el gobierno porteño renuncia a cobrar Ingresos Brutos a los casinos y las tragamonedas.

Lo hizo a cambio de que Lotería Nacional eleve el monto que le transfiere anualmente de las ganancias del juego -pasará en 2014 del 35 al 50 por ciento- y de que los concesionarios paguen un canon específico a la Ciudad equivalente al 3 tres por ciento de las utilidades líquidas.

Las cláusulas cuestionadas son la 3.2 y la 4.2. La decisión está en manos de la jueza en lo contencioso administrativo porteño N° 4, Elena Liberatori.

Los argumentos del amparo

Nulidad

Se considera que la modificación al convenio es nula, porque viola las formas de producción legales. Como se trata de una excepción a un régimen general, el de Ingresos Brutos, exige doble lectura. Pero no se respetó ese procedimiento.

Inconstitucionalidad

Según el amparista, el convenio viola los artículos 6, 17 y 50 de la Constitución porteña. Esos artículos protegen la autonomía de la ciudad y declaran el deber de preservarla. Asimismo, regulan los juegos de azar en la Capital; los admiten siempre y cuando todo lo producido se destine a políticas sociales. Además, sostiene que choca contra el principio de igualdad ante la ley.