Tras presentar en el Foro Federal una propuesta de nueve puntos para la nueva Ley de Juegos y Sorteos, las organizaciones que conforman la plataforma piden ahora a la Federación el reconocimiento de la autonomía municipal en decisiones de desarrollo urbano, y paralelamente exigen claridad en las responsabilidades de quien otorga el permiso y de quien lo opera. “Así mismo –dijo- se solicita un impuesto a los casinos para atender problemas asociados con el juego, como la ludopatía”.
Luis Ávila, miembro de Consejo Cívico, presentó la propuesta de 10 puntos en el foro: "Aspectos jurídicos, económicos y sociales de la industria del juego en México", convocada por la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. En el panel estuvieron presentes la licenciada Marcela González Salas, quien es Directora General de Juegos y Sorteos de la SEGOB, y el licenciado Óscar Paredes Arroyo-Velasco, quien es asesor de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México, A.C.
Legalmente se demanda “la acción ‘Ni un casino más’, que busca evitar la instalación de más casinos en el área metropolitana de Monterrey, y esclarecer la situación legal de los existentes a través de la publicación en las páginas de Transparencia municipales de los permisos otorgados a dichos establecimientos”.
"Esta experiencia ha dejado claro, tanto a los alcaldes como al resto de la población, que hay lagunas graves a nivel federal que en nada favorecen la certidumbre jurídica y la transparencia que impulsamos. De no corregirse, corremos el riesgo de que la industria del juego en nuestro país siga estando dominada por las oportunidades de corrupción que ofrece, aún con la voluntad de autoridades locales por combatir el problema", señaló.
"Es importante dejar en claro que no emite juicios de valor sobre la industria del juego. Si bien reconocemos que los casinos provocan en ciertas personas ludopatía, y que los perjuicios de esta adicción pueden tener consecuencias personales, familiares y sociales graves, nuestra postura se enfoca sobre todo en cambiar las condiciones bajo las cuales han operado los casinos en México y en particular en el estado de Nuevo León. Necesitamos una legislación que corresponda y atienda esas circunstancias. Sin embargo, no habrá ley que sirva sin la voluntad de las autoridades para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Ese es el compromiso que buscamos impulsar", agregó.
Legalmente, demandan una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteo que contemple el condicionamiento del otorgamiento y la validez de los permisos en materia de juegos y sorteos, el cumplimiento de las disposiciones estatales y municipales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como sería: Regulación de la anuencia municipal; Permisos geo-referenciados; Un permiso por establecimiento; Casinos operados por los titulares de los permisos; Permisos otorgados por la Dirección de Juegos y Sorteos; Obligaciones de transparencia exhaustiva por parte de la Secretaría de Gobernación; Reglamentación de esta Ley y de las obligaciones de los funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos e Impuestos a casinos para atender externalidades de la industria del juego en México.
"Considerando que la industria del juego -como la de bebidas azucaradas- genera grandes ganancias a sus accionistas así como externalidades negativas (ludopatía entre otras), proponemos que se aumenten las tasas impositivas que actualmente se aplican a la industria del juego en México. La mayor recaudación permitirá tener suficiente personal para realizar todas las labores de inspección constante de estos negocios, y atender adecuadamente el problema de la ludopatía, que a la fecha ha sido dejado desatendido por las autoridades federales", concluyó Luis Ávila.