Argentina: piden que se investigue a fondo la concesión de las slots en Mendoza

Con la firma de Blas, el 10 de junio ingresó una nota a la Fiscalía de Estado, en la que la gremialista solicitó que se investigue si esa renegociación significó un daño patrimonial para el fisco. Y en la misiva recordó que según lo establecido en el artículo 177 de la Constitución Provincial, la Fiscalía “no puede delegar sus deberes en las comisiones legislativas ni en el Tribunal de Cuentas”.

En ese dictamen el fiscal determinó que la cláusula referida a la duración del contrato era nula. Por esto, el mismo podría perder vigencia el año que viene. El acuerdo firmado en 2011 tenía una duración de tres años para cumplir con los diez estipulados en el contrato original. Sin embargo, le daba a la empresa la opción de extenderlo por cinco años más con su sola voluntad.

Esta es la cláusula que el fiscal declaró nula, por entender que le transfiere una potestad del Estado -extender el contrato- a la empresa privada sin justificación. Pero el fiscal no se expidió sobre uno de los puntos clave del contrato, que tiene que ver con el aumento del canon que recibe la empresa y que pasó del 40 al 47% de los ingresos. Desde el organismo advirtieron que no era potestad de ellos saber si el Estado ganaba o perdía dinero con la ecuación financiera y que harían un análisis legal del acuerdo.

Ahora, Blas le solicitó que investigue justamente ese punto, ya que entiende que la constitución obliga al organismo a determinar si existió o no un daño patrimonial.

Determinar responsabilidades

La gremialista dijo a MDZ On Line, que si bien el Tribunal de Cuenta o una comisión legislativa pueden elaborar un dictamen sobre el tema, a quien le cabe investigar si hubo o no un perjuicio económico para el Estado es a la Fiscalía.

“Le solicito que se investigue y se plantee ante la Justicia provincial, la posible comisión del delito de negociación incompatible con la función pública, por parte del anterior directorio que administró el Instituto de Juegos y Casinos, y se establezca a cuánto asciende el daño patrimonial, ocasionado a las utilidades que el Instituto tiene de la explotación de máquinas tragamonedas en el casino central, al cederle al concesionario un 20% de utilidad, que por contrapartida significa un 20% menos en la utilidad del casino”, dice en el escrito.

Blas solicitó que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran existir, en las decisiones adoptadas por el director del organismo el momento de la renegociación del contrato, Daniel Pereyra; el gerente general, Horacio Miguel y en lo actuado por los empleados Ricardo Rodríguez Figueroa y Pablo Ítalo Salvador Pappalardo, según se detalla en la nota.

Blas adjuntó a la nota la denuncia que realizaron el 30 de abril dos empleados del Casino, y planillas de los resultados de la explotación de tragamonedas, desde enero de 2011 a marzo de 2013.

La renegociación del contrato por las tragamonedas se concretó durante la gestión de Celso Jaque. A cambio de la modernización de la sala y del aumento en la cantidad de máquinas, el Estado casi duplicó las ganancias de la empresa Mendoza Central Entretenimientos, ya que el canon pasó del 26 al 47%.