Edición Latinoamérica
28 de Noviembre de 2020

Concejo pide a la Alcaldía controlar casinos

Colombia: más del 50 por ciento de los casinos en Medellín operan de manera ilegal

(Colombia).- Más del 50% de los casinos en Medellín operan ilegalmente, marcando un problema que se hace más notorio en los barrios periféricos. Esta situación es materia de análisis por parte de una comisión del Concejo de Medellín, que detectó un agravante: el problema crece por falta de control de las autoridades.

S

egún el concejal Santiago Martínez, presidente de la comisión, el reto es que la administración municipal demuestre autoridad, fortalezca la formalidad y haga controles. "Hay que hacer operativos a los casinos informales y a todo lo que se le parezca. Que quienes pagan sus impuestos a la ciudad se sientan protegidos", expresa Martínez.

Agregó que la irregularidad tiene como agravante el paso de negocios formales a la informalidad, "porque al dejar de pagar impuestos encontraron que les va mejor y en algunos sectores están protegidos por los actores ilegales".

En 2010, ETESA tenía registrados cerca de 200 casinos y, hoy, COLJUEGOS -entidad encargada de explotar y administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte- tiene 165, entre salas de juego y bingos.

La comisión buscará también elaborar un protocolo para brindarle al turismo una ruta estructurada de casinos como se hace en las grandes ciudades del mundo. José Iván Almario, del casino Nueva York, precisa que esta informalidad se presenta, en general, en los sectores populares donde no alcanza a llegar el control necesario por la situación sociopolítica de la ciudad. Indica que ya no solo es la máquina en una tienda, droguería o charcutería, sino que son 20 o 30 como si fuera una sala de un casino de las que opera en el Centro.

Señala que además de las pérdidas que genera la competencia con los ilegales, que no pagan impuestos ni aportan a la salud, está la presión de las autoridades, en sus palabras, exprimiéndolos y exigiéndoles toda clase de requisitos. "Nos quitaron las 24 horas que veníamos trabajando y para lo cual nos hicimos certificar", protesta Almario, quien agrega que con esto se estimula la ilegalidad.

Jair Jiménez, funcionario de la Secretaría de Seguridad, afirma que ya se fijaron tareas: hacer un censo de negocios, revisar qué problemas de seguridad se generan y colaborarles con el programa Rumba segura para la ampliación de horarios, al igual que los procedimientos que realiza la Secretaría de Gobierno para el control.

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