Edición Latinoamérica
14 de Agosto de 2020

Declaraciones del legislador Rafael Hernández Montañez

Puerto Rico: admiten las dificultades que presenta el proyecto de las tragamonedas

(Puerto Rico).- El representante Rafael Hernández Montañez, autor del proyecto que recomienda la implantación de un Sistema Integrado Regulador (SIR) para fiscalizar la operación de miles de máquinas de juegos para adultos que operan en cientos de almacenes, bares y otros negocios, admitió la imposibilidad de aprobar su propuesta debido a un insalvable choque de posiciones.

No hay voluntad de cooperación de ninguno de los sectores... Nadie quiere entrar en el proceso de diálogo. Asumieron posiciones radicales sin espacio de negociación”, sostuvo Hernández Montañez al reflexionar sobre el resultado de una vista pública de más de 10 horas convocada la semana pasada para discutir el Proyecto de la Cámara 916.

“Esperaba mucho más de esos sectores con intereses en esto. Los que están no quieren ser regulados, los que compiten legalmente no quieren integrarse”, agregó el legislador popular al explicar que el asunto queda ahora en manos de la rama ejecutiva.

Mientras, recordó que la medida es una de varias para aportar fondos al Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado y atender otras necesidades apremiantes en medio de una aguda crisis. Lo próximo, indicó, es centrarse en manejar proyectos sustitutivos con alternativas menos contenciosas.

En el caso del proyecto de las tragamonedas, la estocada principal la dio el Departamento de Hacienda, al señalar categóricamente que no tienen la capacidad de establecer a corto plazo un sistema electrónico para fiscalizar las operaciones de los aparatos que según la Asociación de Hoteles y Turismo son una competencia desleal para los casinos de las hospederías.

“En términos prácticos, Hacienda no puede implantar un sistema regulador a corto plazo y no ayudaría a generar a corto plazo los fondos buscados”, admitió Hernández, quien ha estado en la línea de fuego por parte de hoteleros, pero también ha sido criticado por los operadores de las máquinas que podrían comenzar a ser incautadas nuevamente, como ocurrió en el pasado cuatrienio.

Al respecto, la Directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort, reafirmó que hay planes de reactivar un grupo interagencial o "task force" como el que en el pasado intervino y confiscó las tragamonedas para adultos en numerosos negocios.

La Asociación de Hoteles y Turismo sostiene que, de legalizarse la operación de las máquinas de juego que operan de forma clandestina en cafetines y otros negocios, se fomentará la crisis fiscal en el país, ya que redundaría en menos recaudos porque erosiona los ingresos de los casinos en los hoteles.

La Asociación estimó que la idea de Hernández “atenta contra 70.000 empleos directos en el turismo” y, además, crearía “un gueto de juegos altamente adictivo en las comunidades”. Esa entidad estimó en 35.000 el número de esas máquinas fuera de casinos, pero algunos de sus operadores las estiman en 20.000 y un estudio citado por algunas agencias estatales alude a 70.000.

Las citadas maquinitas no expiden monedas directamente. Cuando un jugador logra una línea ganadora en el monitor que tenga en uso, el gerente o persona a cargo del negocio, le paga dinero en efectivo, lo que representa una violación a la Ley de Juegos de Azar, que limita esas prácticas a los casinos.

Sin embargo, esas máquinas, introducidas aquí a partir de 1997, no son reguladas como exige la Ley de Juegos de Azar y no pagan arbitrios por sus ingresos. Además, se alega que carecen de los permisos o licencias que exige Hacienda a las de los casinos.

En contraste, los casinos operados por los hoteles comparten el 50% de sus ganancias con el fisco y operan bajo un estricto protocolo del gobierno.

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