México espera aún el informe sobre la operación de casinos

En enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la conformación de una comisión de investigación bicamaral para que revisara el otorgamiento de permisos, pero ésta no se ha conformado y la Segob argumenta que no pueden entregar información si no está completa la Comisión.

El senador Francisco Domínguez dijo que ha pedido por su cuenta los datos, pues está seguro de que la mitad de casinos y casas de juego operan sin permiso. “Quiero que nos diga la Segob, casino por casino, municipio por municipio, quién sí tenía y quién no tenía permiso, porque tengo la seguridad de que la mitad de los casinos no lo tienen y ahí tiene una responsabilidad el alcalde que haya dado su autorización sin haber rendido cuentas a la Secretaría de Hacienda”, dijo a periódico El Economista.

Expuso que si la Segob no le da cuenta a Hacienda, entonces no hay un seguimiento del casino, con lo que se puede incurrir en varios delitos como lavado de dinero y corrupción de funcionarios. Si hay establecimientos sin permisos operando en el país es también culpa de los ediles, dijo, por lo que en la información que presente la Segob “van a salir alcaldes del PRI, PAN, PRD, de todos los colores”.

No obstante, la comisión no se ha conformado pese a que en ella se encuentra el senador Roberto Gil, quien fue vinculado en presuntos sobornos en casinos. Cabe mencionar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer en su informe de la Cuenta Pública 2011 que la Segob no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la regulación y supervisión de permisos para la operación de casas de juego.

Incluso destacó la falta de control y vigilancia de la Segob para la correcta operación de las casas de juego y detectó que 69,4% de 49 inspectores no acreditaron la capacitación necesaria para su labor. El resultado de la Auditoría especial número 11-0-04100-06-0151: nueve recomendaciones y siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Recomienda al Órgano Interno de Control en la Segob que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos.