Buscan beneficiar a los bomberos voluntarios con la recaudación de la Conajzar

El proyecto, que ya tiene media sanción y pasó al Senado, pretende echar mano a la recaudación de los juegos de azar para financiar la protección a los bomberos, en un momento en que la recaudación por dichos juegos ha disminuido notoriamente, sobre todo a raíz de los problemas surgidos con el canon de la quiniela.

Eso implica que la Conajzar remitirá mucho menos dinero a la Diben, por lo que ésta no podrá cumplir cabalmente su función social, de acuerdo con una fuente responsable. “Aquí se está queriendo vestir un santo, desvistiendo a otro”, advirtió una fuente del sector, que por ahora prefiere el anonimato, “porque se puede avivar una puja inconducente entre ambas entidades sociales, debido a la irresponsabilidad de los diputados”, añadió.

Todo comienza con la presentación del oviedista Gustavo Mussi, secundado por el liberal Víctor Ríos, de un proyecto de ley de “Atención médica por accidente, seguro de vida contra todo riesgo y pensión especial para bomberos voluntarios del país”.

El punto crucial de este proyecto es que el artículo 14 señala que el llamado Fondo de Amparo para Bomberos Voluntarios Combatientes que se creará con la ley respectiva, será financiado con un porcentaje de lo recaudado diariamente por las empresas explotadoras de los juegos de azar, tanto a escala nacional como departamental (2%, según el Art. 14 del documento).

De acuerdo con la fuente aludida, aprobaron el proyecto “a tambor batiente”, sin que se tuviera en cuenta una serie de factores que debieron considerarse “para no perjudicar a nadie”.

En el sector de Conajzar también hay molestia por la decisión de los diputados. Este proyecto supone un cambio sustancial en las reglas de juego determinadas para las empresas que resultaron concesionarias de juegos de azar por aplicación de la ley, que establece procesos licitatorios para ello.

“No se puede cambiar las reglas en cualquier momento, esto atenta contra la imagen de seriedad que debería tener el país, y la mala percepción pública que esto proyectará en el ámbito de las empresas profesionales dedicadas a los entretenimientos y que están dispuestas a grandes inversiones toda vez que encuentren seguridad jurídica”, según la fuente.

Advierte que el proyecto de Mussi-Ríos aparece en un tiempo electoral en que prevalecen el populismo y las ansias de hacer “caridad” con dinero ajeno. Sin embargo, esto puede ser muy perjudicial para muchos.

Todo lo recaudado por los juegos de azar, de la concesión nacional, va a la Conajzar, y si esta oficina tiene que dividirlo entre más entidades, lógicamente alguna será perjudicada. Ese es el caso específico de la Diben, según fuentes de la institución, que tiene muchas responsabilidades asumidas con personas de escasos recursos, que dependen exclusivamente de la Dirección para algunos tratamientos especializados.

Por su parte, fuentes del sector empresarial alertan que una empresa concesionaria de un juego no se puede encontrar de la noche a la mañana con que debe pagar más allá de lo establecido legalmente tras una licitación, puesto que eso desarma su estructura financiera.