eniendo como modelo lo realizado en la comuna de Providencia, en Chillán la moción exige que todo locatario debe certificar todas y cada una de las máquinas que posea, lo que supone un sinnúmero de obstáculos para los propietarios, partiendo por el elevado costo de este proceso, que supera el millón de pesos (U$S 2.092) más gastos de papeleos y concurso de patentes. Cabe destacar que en Chile existe sólo una empresa autorizada para emitir este tipo de certificaciones.
En la Dirección de Seguridad Municipal su jefe, Nelson Orellana, admite que “la idea de esto es que poder instalarse con estas máquinas de juego resulte cada vez más engorroso. Ojalá que empecemos a ver que algunos deban cerrar sus locales en vez de seguir siendo testigos de cómo han ido llegando más y más”.
En este contexto durante el mediodía del martes se puso una vez más en acción el Plan Chile Seguro y 24 locales ubicados en el centro recibieron la inesperada visita del personal de la Municipalidad de Chillán, la Gobernación, la PDI, la Dirección del Trabajo, del Servicio de Impuestos Internos y de Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, quienes fiscalizaron que las medidas y normativas legales se estuviesen cumpliendo.
“En total hubo 17 infracciones por incumplimiento de la medida de contar sólo con máquinas de destreza, ya que casi todas basan sus ingresos en las de azar; en otros cuatro locales hubo infracciones por parte de la Inspección del Trabajo, ya que algunos de sus empleados no contaban con contrato; y finalmente a otros dos locales -uno en calle Maipón y otro en calle 5 de Abril- se les cursaron infracciones porque ni siquiera contaban con patentes para su funcionamiento”, explicaron desde Carabineros.
Prueba
Se disponen seis meses de gracia para que las empresas del rubro puedan regularizar su situación, por lo que se espera que a partir de abril ya las fiscalizaciones y multas por máquinas no certificadas comiencen a ser habituales. “La idea es empezar a velar dentro de las cuatro avenidas por el cumplimiento de las exigencias y más adelante empezar a fiscalizar los locales de barrio. Se trata de hacer un plan regulador que estará confeccionado por la municipalidad”, adelantó Leopoldo Arteaga Arteaga, jefe de Seguridad de la Gobernación.
