La Conajzar niega presión para rescindir contrato de quiniela

"Es la firma adjudicada legalmente y no puede cederle ese derecho a otra firma", aclaró Martínez. No obstante, manifestó que la política de la entidad, de la que forma parte en carácter de representante del Ministerio de Hacienda, es recibir a todos los inversionistas interesados. "La presidencia va a recibir a todos. Varios vienen a preguntar o consultar y si hay una propuesta formal se presenta a la Comisión", señaló.

Martínez tenía marcada para la tarde de ayer lunes una audiencia con un grupo inversionista extranjero, que según denunció Mepshow por medio de un espacio reservado en un diario local, estaría vinculado a un "grupo mafioso" que tiene como objetivo arrebatarle la quiniela.

Vínculos
En el caso de supuesto tráfico de influencia, fueron también mencionados la diputada del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) Fabiola Oviedo, el representante de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) Ricardo Núñez y el empresario José Luis Chilavert, quienes negaron la acusación lanzada desde Mepshow, empresa manejada por la familia Wasmosy.

La mencionada empresa logró la concesión en el año 2010, teniendo derechos sobre la misma hasta el 2015 (un periodo de 5 años). Posteriormente, llevó a instancias judiciales un pedido para reducir el canon que debe abonar mensualmente argumentando bajas ganancias.

La Procuraduría General de la República ya emitió dos dictámenes recomendando a la Conajzar rescindir el contrato con Mepshow, pero estos llevaron el caso al plano judicial.

Se estima que el negocio de la quiniela en el país mueve cerca de un millón de dólares por día y da trabajo a 60.000 levantadores de apuestas, pero los juegos clandestinos afectan negativamente el negocio.

Reducción del canon
Mepshow había ofrecido inicialmente pagar un canon de 7.560 millones de guaraníes (U$S 1.686.560). Luego, pidió una reducción del mismo a 6.100 millones de guaraníes (U$S 1.360.849), monto que paga provisoriamente.

Ahora, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala debe decidir si se acepta de forma definitiva esta disminución o si la concesionaria debe abonar la diferencia con respecto a lo que paga actualmente.