El proyecto prohíbe las operaciones electrónicas de pago, débito o crédito en casinos, bingos, tragamonedas e hipódromos. Además, sólo permite la utilización de dinero en efectivo en las cajas donde se realizan las apuestas y prohíbe la adquisición de fichas en otro lugar que no sean las cajas habilitadas para tal fin.
En los fundamentos, Vidal reconoce el carácter recreativo de las actividades lúdicas vinculadas al juego de azar pero advierte sobre la necesidad de poner límites al juego compulsivo, que implica riesgos para la economía personal y familiar del apostador.
En este sentido, menciona la prohibición que rige en la capital provincial de instalar cajeros automáticos a una distancia menor a 200 metros de estos locales.