El parlamento británico busca mejorar su regulación del juego

El texto critica aspectos importantes como la fiscalidad aplicable a las salas, la falta de claridad de los planes a futuro de las autoridades y su falta de eficacia. También pide que se incida en la protección de los fondos de los jugadores para evitar situaciones como la del bloqueo de las cuentas en Full Tilt Poker, y solicita que se ponga en vigor un nuevo sistema impositivo.

El informe afirma que la ley del juego no ha permitido a los reguladores alcanzar dos de sus metas: proteger a los jugadores del Reino Unido de los malos usos de los operadores y convertir a Gran Bretaña en una base de la pujante industria del juego online.

El único límite que ponía la ley inglesa a las empresas era que contasen con una licencia de juego, obtenida en su país, o ante cualquier otra comisión reguladora (como las de Malta, Alderney, Gibraltar, la Isla de Man o Antigua). Esta medida liberalizadora acabó yendo en contra de los intereses del propio Reino Unido, ya que mientras sus operadores con licencia tenían que pagar un 15% de sus beneficios brutos a la UK Gambling Commission, las empresas con licencia extranjera no pagaban impuestos.

La consecuencia de esto fue que la mayoría de las salas de poker buscaron licencias de otras comisiones, evitando así pagar impuestos al gobierno británico. Además, la Comisión de Juego del Reino Unido no pudo asegurar la protección de sus jugadores, como quedó demostrado tras el bloqueo de las cuentas de los jugadores en Full Tilt Poker y la deficiente actuación de la Alderney Gambling Control Comission.

Para mejorar la protección de los jugadores, el texto propone promover el juego en salas con licencia de la UKGC mediante la creación de un distintivo de calidad, y exigir a todas las empresas que ofrezcan servicios de juego online que tengan el dinero de los jugadores en cuentas separadas.

Además, para incrementar la recaudación de impuestos, la Comisión del Parlamento Británico prevé la introducción de una nueva fiscalidad aplicable a las salas en diciembre de 2014, basada en el lugar de residencia de los jugadores y no en el de las comisiones otorgantes de licencias. Así, todas las salas que ofrezcan sus servicios a residentes del Reino Unido tendrán que pagar un porcentaje de sus ingresos brutos en concepto de impuestos. Por otro lado, el informe señala que el 15% es una tasa demasiado alta si se quiere mantener la viabilidad económica del sector y sugiere que el Estado debería plantearse reducir el porcentaje impositivo.

Para finalizar, el informe critica abiertamente la gestión de la UKGC, dirigida por Jenny Williams por su falta de eficacia y su incapacidad para encontrar soluciones a los problemas detectados. Termina afirmando rotundamente que los reguladores británicos no han aprendido nada de las “pobres” regulaciones de España, Francia e Italia. Curiosamente, en el Reino Unido ni siquiera se plantean el pago de impuestos por los jugadores.