Argentina: un funcionario explicó su rol en la negociación con Mendoza Central

Básicamente, se despegó de toda responsabilidad, atribuyendo a las gestiones actual y anterior la decisión de aumentar al 40% el canon y no dejar que se caiga el contrato por incumplimiento.

El objetivo del encuentro era que Pappalardo informara. Del resultado, depende una futura cita formal. Durante el encuentro con los legisladores, Pappalardo dio detalles de cuáles fueron los procesos y los resultados de los informes que le fueron pedidos mientras estaba al frente del Departamento Legal del IPJC.

La revisión de la situación le fue encomendada por Ricardo Figueroa Rodríguez, Gerente de Tragamonedas, para que recomendara si se le podía exigir a Mendoza Central, firma operadora de las máquinas de juego, una actualización de las tragamonedas y la ampliación, entre otros puntos, todos en función de una pérdida de competitividad que el Casino de Mendoza sufriría a partir de la aparición de salas de juego privadas.

Tras describir y analizar los vericuetos legales por los que una renegociación podía darse, especialmente en este caso, Pappalardo se despegó de las responsabilidades por la revisión y mejora del contrato para Mendoza Central, asegurando que no era su función recomendar acciones, sino elevar informes, pero que a su juicio estaba claro que era pertinente una renegociación. Es más, varias veces repitió que las condiciones eran las adecuadas para que el contrato se cayera (incluso en este momento), debido a los incumplimientos de la empresa.

Pappalardo también dio detalles de cómo, a pesar de sus observaciones (o a propósito de ellas), fue aprovechada la oportunidad en que él se ausentó con parte de enfermo de su oficina para que se elevara un dictamen que recomendaba la elevación del canon al 40,09%,  que finalmente fue firmado por Alejandra Casero.

De esta manera, Pappalardo se despegó de cualquier responsabilidad que le pudiera caber por la elevación del canon para Mendoza Central, sosteniendo que fueron varias las inconsistencias que en todo este proceso pudo él detectar y que hubo procedimientos que pidió y que no se llevaron a cabo, como el de la intervención en el análisis de Fiscalización, organismo que no alcanzó a expedirse, porque el dictamen de Casero que propicia la extensión de los plazos fue muy expeditivo.

“Yo no entiendo cómo puede salir en un día un dictamen que tiene 15 días hábiles de plazo, porque necesita mucho estudio”, sostuvo Pappalardo.