Ecuador debería coactivar a los casinos para saldar la deuda con sus ex empleados

Tanto en el texto original enviado por el Ejecutivo como en el documento para el primer debate preparado por la Mesa de Régimen Económico y Tributario se establecía que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio, “de manera excepcional y por única ocasión”, debía pagar las indemnizaciones a los ex empleados de esos negocios y, luego, iniciar los juicios coactivos para recuperar los valores entregados.

Pero en la primera discusión de la norma que realizó el pleno de la Asamblea, el pasado 20 de este mes, legisladores de oposición advirtieron que esa disposición transgredía el artículo 290 de la Constitución que prohíbe la estatización de deudas privadas.

En el informe para segundo debate del pleno legislativo, que fue convocado para hoy a las 09:30, se modifica el orden que debe seguir esa gestión.

Dicho texto fue suscrito por los oficialistas Paco Velasco, Christian Viteri, María Lorena Bravo (alterna de Juan Carlos Cassinelli) y Zobeida Gudiño; y Eduardo Encalada (socialista) y Ramón Cedeño (no afiliado).

Así, el Ministerio de Relaciones Laborales debe, en primer lugar, iniciar los procesos coactivos contra los ex empleadores de los casinos en un plazo máximo de 60 días y realizar el remate de esos bienes. Con lo que se recaude de esa venta la Secretaría de Estado realizará los pagos.

El nuevo texto incorpora, además, una disposición que obliga al Estado a ejercer el derecho de repetición contra los funcionarios y exfuncionarios de las entidades que permitieron que estas empresas incumplieran sus obligaciones.

Velasco, quien preside la Mesa de Régimen Tributario, aclara que el cambio se introdujo para que no quede duda del interés del Gobierno de cobrar el dinero a los exdueños de los casinos y no porque el oficialismo considere que el texto era inconstitucional.

En la sesión de pleno prevista para mañana también se dará lectura al informe de minoría, preparado por los asambleístas Salomón Fadul (PSC), Silvia Kon y Patricio Quevedo (SP), y André Ramírez (alterno del prianista Luis Noboa). Éste recomienda el archivo del proyecto de ley por no estar apegado a la Carta Magna.