Legisladores opositores recurren a la Justicia por la extensión de licencias en Buenos Aires

“Lo más escandaloso es que el otorgamiento no se realizó mediante el mecanismo de licitación pública”, confió una fuente del radicalismo, al adelantar que se está terminando de armar la presentación judicial.

Desde el kirchnerismo duro, el legislador provincial Mario Caputo insistirá en un proyecto para estatizar la explotación, regulación y el control de bingos y máquinas tragamonedas. Esta iniciativa es apoyada por la oposición, pero duda de que se trate de una "negociación" dentro del oficialismo por la caja.

La ofensiva de un sector ultra K, responde a esa dinámica. "No quieren que Scioli disponga de más fondos para hacer campaña presidencial", aseguran desde el FAP.

El diputado provincial de esta fuerza, Juan Carlos Juárez, tras realizar un enfoque crítico de lo que representa el juego para la población, subrayó que "como la renovación de las concesiones abarcan hasta el 2027 va a abarcar a las tres gestiones que sigan a Scioli; por tal motivo, semejante decisión debe ser sancionada por ley".

Desde los tres partidos que se disponen a presentar una acción judicial, entienden que el kirchnerismo más duro va a especular de acuerdo a los diversos momentos financieros de la provincia.

La senadora María Isabel Gainza y el diputado Walter Martello de la Coalición Cívica, presentaron una iniciativa para duplicar los tributos que pagan las operadores de juego, y que el 70% de las utilidades brutas sean para el fisco provincial con participación activa de los municipios.

Las empresas concesionarias (descontado el 85 % correspondiente a los premios) actualmente recaudan el doble de lo que le queda al Estado por lo gastado en cada bingo (el 98% en máquinas y el 2% por los cartones). Se recaudan unos $ 6.000.000 (U$S 1.313.341).