Los casinos tienen dos concesionarias en Río Negro: Entretenimientos Patagonia y Crown, que ahora se denomina Del Río. La primera maneja las casas de juego de Bariloche, El Bolsón y Jacobacci mientras que la segunda dispone de los restantes casinos, incluyendo el de Las Grutas, El Cóndor, Roca y Cipolletti.
Después del anuncio gubernamental, los nuevos valores fueron fijados por el Decreto 284, asignando un canon de $ 3.800.000 (U$S 854.030) para Entretenimientos y algo más de 9.000.000 (U$S 2.022.690) para Crown. Lotería requirió su cobro a partir de abril, pero la medida fue objetada por ambas sociedades.
Entretenimientos presentó un amparo en la Cámara en lo Civil de Viedma y, luego, un recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, Crown elevó un recurso administrativo. Al final, la Cámara aceptó el pedido judicial de Entretenimientos y suspendió preventivamente la aplicación del nuevo canon, convocando a audiencia a las partes para fines de mayo. Este primer encuentro se postergó para mediados de junio, aunque tampoco se cumplió ya que Lotería mantenía reuniones con los concesionarios.
La Cámara -con la integración de Gustavo Azpeitía, María Luján Ignazi y Ernesto Rodríguez- dispuso "convocar a las partes para permitir un marco propicio para dar oportunidad de ser oído al sujeto pasivo de la medida unilateralmente adoptada". Así, el tribunal "procede suspender de momento los alcances" del decreto "pues sólo ante la inoperancia de esta búsqueda de solución deberá adoptarse o denegarse la medida asegurativa desde este Poder Judicial".
En su presentación, la concesionaria Entretenimientos Patagonia aludió al perjuicio que se originaría con la implementación de los nuevos costos. Precisó que los actuales montos representan un 13,78% del gasto operativo pero que llegaría al 41% con los valores del decreto cuestionado. Por eso considera que hay "confiscatoriedad" porque se trata de un "incremento del orden del 195% respecto del vigente". Contrapuso que el año pasado existió una ganancia de $ 12.000.000 (U$S 2.690.930) mientras el actual mecanismo significaría un quebranto de $ 12.200.000 (U$S 2.705.870).
En otro párrafo de su escrito judicial, esa concesionaria considera que el obrar estatal "es ilícito, inconstitucional (en tanto arrasa con derechos contractuales), vulnera el principio de igualdad en las cargas públicas, a más de aquellos que hacen a la proporcionalidad, a la no confiscatoriedad y a la progresividad que rigen en la materia".
A mayo, Río Negro percibió $ 36.000.000 (U$S 8.060.320) por el canon del juego, evidenciando un incremento, pero todavía lejos de la previsión de los $ 150.000.000 (U$S 33.690.720) en el 2012, que se pretende con los casi $ 13.000.000 (U$S 2.920.360) mensuales fijados por las pautas del Decreto 284.