Figueroa Rodríguez, secundado por otros integrantes de la gerencia que conduce, respondió a las preguntas de los legisladores. El funcionario reconoció que emitió un informe que reflejaba que la apertura de nuevas salas deriva en una disminución de jugadores que asisten al casino provincial. Pero aseguró que la decisión de renegociar y duplicarle el canon a la concesionaria fue responsabilidad de otras áreas.
Además, dijo que en el nuevo contrato se establece que las obras de remodelación de la sala para instalar las 569 máquinas a las que se comprometió la empresa debía cumplirse en un plazo de 180 días que se vencieron el 14 de enero. Ese convenio aumenta el canon que cobra la empresa de tragamonedas de Vila-Manzano del 26% al 47%.
Con la irrupción de los casinos privados en la provincia, el informe elaborado por la gerencia conducida por Figueroa Rodríguez destacaba que el Casino de Mendoza perdería clientela y dinero. Ésta parecería una ecuación elemental y tal proyección fue la que impulsó la renegociación de las tragamonedas con Mendoza Central, la empresa operadora, que en una tercera etapa comenzará a recibir el 47% de la ganancia por máquina.
Sin embargo, cuando se indaga en los resultados, se percibe que, aunque el porcentaje de jugadores no es el mismo, sino inferior, la pérdida de dinero no ha sido tal, lo que, indudablemente, no justifica la renegociación.
Figueroa Rodríguez no pudo aclarar mucho, aunque sí se esforzó en dejar en claro que el informe originado desde su gerencia no sugería explícitamente que se renegociara el contrato, aunque tal vez sí se hacía tácitamente.