El proyecto, que fue presentado por el diputado Mauricio D´Alessandro (Unión Celeste y Blanco), reclama que la Lotería provincial informe, entre otros puntos, “la cantidad de máquinas tragamonedas que se encuentran conectadas al Programa Integral de Control y Monitoreo de Salas de Juego, denominado Hiparión” y también “los montos de premios máximos que arroja cada una de las máquinas conectadas al programa”.
En la iniciativa se pide también que el Instituto Provincial de Loterías informe “si se han detectado fallas y/o incidentes en las máquinas conectadas al programa, en el transcurso del último año, referidos a pagos de premios”.
A raíz del caso publicado por el diario Clarín y denunciado por la pareja integrada por Rubén Lorenzo y su esposa, María Eva, el diputado D´Alessandro pidió que se informe también “si el sistema emitió una alarma sobre premio, bonus, o jackpot, por la suma de $ 39.260.260,10, el día 1 de abril de 2012 (la fecha en que se produjo el incidente), y, en caso afirmativo, indique hora y máquina a la que aplicara, así como remita las grabaciones del sistema correspondientes al día”.
Además, reclamó que se determine “si la máquina referenciada poseía el correspondiente sticker indicando el monto del premio mayor, y, en caso afirmativo, cuál era este”, y se refiera si la máquina en cuestión “poseía al 1 de abril del corriente una leyenda que advierte que el mal funcionamiento anula jugadas y pagos”, como aduce el Bingo donde se produjo el episodio.
En los fundamentos del pedido de informes, luego de reseñar el hecho denunciado por la pareja, D´Alessandro remarcó que “la máquina en cuestión es controlada por una tarjeta clear que en el Bingo Adrogue maneja sólo un técnico, máquina en la cual se reportaron fallas”.
Y añadió: “A ello se agrega que han existido, cuanto menos tres incidentes de similar naturaleza (premio mistery), que según la empresa se trataban de un error, empero debieron abonarse los premios arrojados por las máquinas”.
“Tengamos en cuenta que cuando una máquina paga un premio, por vía indirecta el Estado contribuye con el 34% de canon, más el 6% de ingresos brutos, es decir que se afecta el erario público”, dijo el diputado.