La iniciativa fue presentada por los senadores de la UCR Orlando Costa y Carlos Fernández, quienes explicaron que “toda nueva autorización deberá ser fundada en ley, debiendo la Autoridad de Aplicación establecer, previamente, el procedimiento que garantice la concurrencia de ofertas de acuerdo con lo dispuesto en la presente y su decreto reglamentario”.
Costa manifestó que “en la actualidad el criterio sostenido por la ley 11.018 otorga amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo, mediante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, para manejar la renovación de las autorizaciones ya otorgadas”.
“Estamos convencidos de que la facultad discrecional que la misma otorga al Ejecutivo para la renovación de las licencias merece ser observada y limitada en sus alcances puesto que la misma, tal como se encuentra redactada configura una clara delegación de facultades”, expresó el legislador, en medio del debate que se abrió en la Provincia por el juego.
En el proyecto de los radicales "la renovación automática sólo podrá otorgarse, ley mediante, cuando existan razones de emergencia económica que así lo ameriten", indicaron.
Además los senadores fundamentaron que el artículo 37 de nuestra constitución establece que los juegos de azar deben ser “creados y reglamentados por ley”, no admitiéndose “la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna otra forma jurídica”.