“Lo que nos esperabamos era un reconocimiento del hecho que el sector de las máquinas recreativas, según revela la investigación del Comité de Hacienda del Senado Italiano en 2003, actuaba en la completa ilegalidad antes del 2004, sin generar ninguna entrada para el Estado y que tan sólo gracias a las importantes inversiones de los 10 concesionarios, elegidos por AAMS -Regulador del Juego en Italia- por medio de licitación en la segunda mitad del 2004, ha podido tener un resultado positivo la estrategia del Estado actuada para sustituir rapidamente el juego ilegal con la oferta del juego legal, controlado y seguro”, señalaron desde ACADI.
“De hecho, los ingresos del Estado garantizados por las máquinas en siete años (2005-2011) ha ascendido a casi 20.000 millones de euros y, sobre esta base incontrovertibile, los concesionarios consideran haber cumplido con sus deberes principales”, agregaron.
“En vista de este trabajo, entre otras cosas, los beneficios obtenidos por los concesionarios han sido una fracción de la cantidad que hoy forma parte de la condena. Además, el órgano colegiado no ha tenido en cuenta el contexto operativo en su totalidad, en particular, el hecho de que los concesionarios, en el período en cuestión, hayan actuado en una condición absolutamente experimental”, señalaron.
“Las dificultades no eran previsibles con antelación”, confirman desde ACADI, al tiempo que agregan que “no se trata de nuestras afirmaciones, son del Consejo de Estado Italiano, en el momento en el cual ha anulado de manera definitiva las sanciones emitidas en contra de los Concesionarios por los retrasos en la activación de la red”.
“Es bastante probable que todos los actores involucrados recurrirán en apelación –concluye ACADI– y confiamos en que en las evaluaciones de los jueces del segundo grado se pueda encontrar un reconocimiento sobre el contexto en el que han trabajado y el aporte que representan para al Sector del Juego en Italia, encontrando una solución positiva para este caso, así como lo realizado por el Consejo de Estado”.