Había denunciado que funcionarios cobraban coimas

Dictan orden de prisión para Jaime Solórzano por el caso Invermun de Ecuador

06-01-2012
Tiempo de lectura 1:28 min
(Ecuador).- Por tercera ocasión, se suspendió la audiencia contra Jaime Eduardo Solórzano Ycaza, ex ejecutivo de Invermun, quien es acusado por los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, Secretario de la Administración Pública y Secretario Nacional de Comunicación, respectivamente, y el asambleísta Juan Carlos Cassinelli por supuesto delito contra la administración pública.

La diligencia estaba prevista para realizarse en el Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha. Sin embargo, Marco Rodríguez Ruiz, Presidente del Tribunal, la suspendió por la ausencia del acusado y su abogado defensor.

Rodríguez ordenó que se oficie a la Policía Judicial de Pichincha y Guayas para que se proceda a la captura de Solórzano a fin de que comparezca al juicio. Una vez que la Policía notifique al Tribunal la captura del imputado, esta judicatura fijará fecha para el juicio, informó el Presidente del Tribunal.

El Tribunal, además, suspendió la sustanciación de la causa, por lo que no ordenará ninguna diligencia en el proceso, pero las partes sí podrán presentar escritos.

Vinicio Alvarado expresó que la parte acusada está tratando de dilatar el proceso, ya que no asistió en tres ocasiones a las audiencias que fijó el Tribunal. “Siempre vamos a estar dispuestos para que brille la justicia. Presentamos la denuncia contra este señor, por difamador y tendrá que asistir a rendir cuentas a la justicia”, dijo.

Joffre Campaña, abogado defensor de Jaime Solórzano, presentó un escrito que justificó la inasistencia a la audiencia aduciendo que el tribunal “se ha arrogado ilegalmente atribuciones que están fuera del ámbito de su competencia en razón del territorio... por lo cual, el presente expediente es nulo”, señaló.

Campaña agregó, además, que su defendido no comparecerá a la audiencia de juzgamiento porque considera que el proceso está viciado.

Jaime Solórzano fue acusado de desacato a raíz de una declaración juramentada que hizo en Guayaquil en la que manifestó que Vinicio Alvarado recibía coimas de la empresa Invermun para gestionar el funcionamiento de los casinos.

En base a la declaración de Solórzano, el hermano mayor del primer mandatario, Fabricio Correa, hizo esta denuncia pública en la Asamblea Nacional. Tras estos hechos, Vinicio y Fernando Alvarado decidieron plantear el juicio en Quito en el 2010.

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