El casino, administrado por una firma internacional, operaba desde noviembre del 2005 en un predio propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Nos dieron la noticia de que ya no va más el casino porque no viene gente”, sostuvo una de las empleadas.
Los trabajadores piden a las autoridades que obliguen a los propietarios del lugar a pagar las indemnizaciones. “Algunos compañeros han estado entre el Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo tratando de ver alguna alternativa que nos garantice que se nos va a pagar”, expresó un empleado.