El ajuste perjudica especialmente a las riñas de gallos

México: aumentan los impuestos a los juegos de azar en Chiapas

(México).- Multas, arrestos, revocación de licencias y suspensión parcial o definitiva de centros de juego serán las sanciones para quienes incumplan las medidas impulsadas en Chiapas. Las riñas de gallos son las más afectadas.
15-11-2011
Tiempo de lectura 2:37 min
(México).- Multas, arrestos, revocación de licencias y suspensión parcial o definitiva de centros de juego serán las sanciones para quienes incumplan las medidas impulsadas en Chiapas. Las riñas de gallos son las más afectadas.

De acuerdo a lo informado, industriales pagarán hasta 7.250 pesos (U$S 537) más que el año pasado por obtener un permiso para celebrar juegos y sorteos en Chiapas. Los desembolsos más fuertes son efectuados por los "galleros", sobre todo quienes organizan peleas en Tapachula, cuyos derechos son tres veces más caros respecto a 2010. Los servicios de los inspectores también fueron elevados: un 5% más, en comparación con el ejercicio anterior.

El anuncio fue llevado a cabo por la Secretaría de Gobernación (Segob) de la administración federal, mediante un acuerdo que publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el que incluyó los aprovechamientos que cobra la dependencia por juegos de azar. Los recursos serán destinados a instituciones de prevención y asistencia social de ese nivel de gobierno.

Las medidas se establecieron por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organismo que determinó el ajuste anual con base en la inflación registrada desde la última actualización; y en los criterios del artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación.

La cuota por celebrar peleas de gallos en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula -ahora diaria, no por actividad- es de 10.651 pesos (U$S 789), en ambos casos, más del doble y del triple de la erogación de 2010, respectivamente. El alza fue provocada por la clasificación de nivel "C" que recibieron los sitios, en esta ocasión. Eran categoría "F" y "H", en ese orden, correspondientes a ciudades capitales y cabeceras municipales restantes, de forma proporcional.

La tarifa en los últimos lugares y en comunidades rurales es de $ 3.573 (U$S 265) y $ 2.158 (U$S 160), respectivamente, un 4,7% más en relación al ejercicio anterior en ambos sitios. La Segob otorgó 45 autorizaciones de esta clase en la entidad, en lo que va del año.

El nuevo costo por gestionar una licencia para organizar una carrera de caballos en Chiapas es de 2.225 pesos (U$S 164), siete más que en 2010. El pago es por competencia, a partir de cuatro enfrentamientos, a 1.349 pesos cada uno (U$S 100), 4,75% superior a 2010. La dependencia federal liberó nueve permisos de esta categoría en el estado, durante el ejercicio.

El gravamen de apuestas llevadas a cabo en casinos por juegos deportivos nacionales y extranjeros continuará en 1%. La carga fiscal en sorteos de números con tarjetas con dígitos preimpresos y con cifras predeterminadas por los participantes aún será del 2%. Tuxtla Gutiérrez es el único lugar de la entidad donde se desarrollan estas actividades, conforme a la ley.

La tasa impositiva en gratificaciones en efectivo no cobradas dentro de los 60 días naturales posteriores a efectuarse la rifa; partida de naipes, dados y ruleta, las últimas en ferias, es mantenida en 100% del importe no reclamado, en el primer caso; y en 4% sobre el montos de las apuestas, menos los premios pagados, en los restantes.

El impuesto aumentó 13 pesos en el sorteo de símbolos tipo lotería mexicana tradicional, cuando el precio por participante y juego exceda la cantidad equivalente al 50% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal será de 265 pesos (U$S 20).

La Segob dio a conocer que el costo de la interventoría en rifas nacionales y en ferias será de 1.317 pesos (U$S 98), en ambos, aunque en la última será por día.

Ratificó que el aprovechamiento por autorizar sorteos corresponderá a un porcentaje del valor total de la bolsa a repartir. Están exentas las instituciones públicas o privadas de asistencia o de beneficencia; educativas con reconocimiento oficial de validez de estudios; dependencias y entidades de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, siempre que la actividad tenga un fin promocional.

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