Para Codere, la nueva reglamentación de juego de España debería aplazarse

Tras las declaraciones públicas del presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, el Grupo Codere ha querido dejar constancia de la necesidad de aplazar la aprobación de las normas de desarrollo de la ley 13/2011, de regulación del juego, expresada por algunos de los actores del sector del juego autorizado; que, ciertamente, no son aquellos que vienen operando ilegalmente en España desde hace ya varios años.

Esta ilegalidad ha sido reconocida, una vez más, por el Gobierno en sus respuestas a la consulta realizada por la Comisión Europea en relación con la publicación del “green paper” sobre Juego Online presentadas recientemente, al señalar que “varios operadores con licencia de juego online con domicilio en Gibraltar, Alderney o Malta, ofrecen y promocionan sus servicios en España. Esta oferta ilegal del juego va en detrimento del desarrollo del mercado nacional del juego, ya que los operadores ilegales pueden hacer competencia desleal con los operadores que respetan la legalidad y los usuarios se ven perjudicados porque no cuentan con la protección y seguridad requerida”.

“Tal y como instó el Partido Popular al Gobierno durante las jornadas del Igamingsummit celebrado en Madrid el pasado 25 de octubre, y en la misma línea en la que se han pronunciado otros representantes políticos, debería pararse el precipitado proceso reglamentario que partió de una Ley, igualmente precipitada, destinada a privatizar una porción de las Loterías del Estado”, señalaron desde la empresa.

Codere ha venido declarando antes, durante y después de la promulgación de la Ley 13/2011 (incluyendo la comparecencia de su presidente, José Antonio Martínez Sampedro, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados) que la regulación del juego online y su desarrollo posterior se han hecho de forma atropellada e inconsistente, y en beneficio de quienes vienen desarrollando ilegalmente en España esta actividad.

“La reglamentación proyectada no resuelve la problemática de la ilegalidad de forma equilibrada, de manera que no se puedan utilizar por quienes obtengan licencias fondos de comercio, marcas y otras clarísimas ventajas competitivas, en perjuicio de los operadores que han sido respetuosos con la legislación aplicable en España y que optaron por no desarrollar esta actividad hasta el momento en que se otorgasen las licencias”, aseguraron.

En la práctica, si no se otorgan las licencias de juego online antes del 1 de enero de 2012, no se produce ningún problema sancionador relevante, sino que sólo cambia el régimen sancionador aplicable. A diferencia de lo que afirma el presidente de la SELAE, la Ley de Regulación del Juego prevé sanciones administrativas de contrabando, que podrían constituir delito, hasta el 1 de enero de 2012, en caso de no otorgarse licencias en fecha anterior. Una vez cumplido dicho plazo, las conductas en cuestión serán sancionadas bajo el nuevo régimen de infracciones administrativas previsto en la propia Ley.

“No estamos en un periodo de regularización de los operadores ilegales, sino, en todo caso, de inaplicación de los instrumentos jurídico-sancionadores existentes, a pesar de reconocer el Gobierno abiertamente la ilegalidad de tales conductas, incluso ante las altas instancias de la Unión Europea”, agregaron.

Codere se ha mostrado muy sorprendido por las declaraciones del presidente de SELAE, por cuanto “un otorgamiento de licencias apresurado y claramente ventajoso para quienes han venido actuando ilegalmente en el mercado español, no irá más que en contra del valor de la propia SELAE que, al igual que los demás operadores legales, entrará a competir en el mercado del juego online con mucha desventaja, si este frenesí reglamentario no se detiene inmediatamente y se revisa lo confeccionado con el sosiego preciso y no en periodo electoral”.

“Téngase en cuenta que los órganos de consulta de la Administración y el propio sector están contando con plazos de dos días o poco más, para revisar la abundante normativa proyectada y la calidad de la misma resulta, en consecuencia, necesariamente resentida. Por otra parte, la Comisión Nacional del Juego, que debería ser el órgano regulador que, con el criterio propio de este tipo de comisiones pluripersonales independientes, debería haber elaborado los proyectos de Decretos, Órdenes y Resoluciones varias, no ha sido todavía creada y, por ello, tampoco podrá convocar los procedimientos de licencias ni resolver las decenas de expedientes complejos con las garantías para los usuarios y para el interés general que la leyes prevén”, finalizaron.