Edición Latinoamérica
09 de Julio de 2020

Por decreto, todas las salas de juego deben cerrar en un máximo de seis meses

El Gobierno de Rafael Correa pone punto final a los casinos en Ecuador

(Ecuador).- Como final de un camino sin retorno, las más de 150 salas de juego oficiales de Ecuador cerrarán definitivamente sus puertas para marzo de 2012. Una ordenanza firmada por el presidente Rafael Correa señala que los casinos "tendrán el plazo máximo improrrogable" de seis meses, mientras que las salas de juego deberán cerrar inminentemente, por lo que la industria del juego en ese país desaparecerá definitivamente a partir del año entrante.

L

os casinos en Ecuador tendrán que cerrar sus puertas en seis meses, según un decreto emitido como resultado de un referendo que los prohibió el pasado 7 de mayo, informó este domingo la Presidencia.

La ordenanza firmada por el presidente Rafael Correa señala que esos establecimientos "tendrán el plazo máximo improrrogable" de seis meses, contados a partir de la publicación del texto en el registro oficial, "para el cese de sus actividades de negocio o comerciales y consiguiente cierre", informó AFP.

El decreto también dispone la clausura inmediata de las salas de juego ilegales que funcionan con amparos constitucionales, y ofrece a los trabajadores que quedarán cesantes capacitación y facilidades para su reinserción laboral.

Correa anunció a comienzos de agosto que los casinos tendrían un plazo de uno a dos años para liquidar sus operaciones. La prohibición de esos centros fue decidida por los ecuatorianos en un referendo propuesto por el mandatario socialista, que además logró un aval para aplicar medidas destinadas a reformar la justicia y regular la prensa.

Unas 3.200 personas trabajan en los 32 casinos constituidos legalmente en Ecuador, donde la ley autoriza su funcionamiento solo en hoteles cinco estrellas, según la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi).

Esa entidad había planteado al Ejecutivo que le concediera hasta cinco años de gracia para recuperar unas inversiones que calcula en 180 millones de dólares -realizadas mayoritariamente por firmas extranjeras-, o el pago de una indemnización que debería "traer a valor presente" ese monto.

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