“En los allanamientos realizados se han encontrado listados de personas que tendrían alguna relación con Bingo Bahiti. En este entendido, hay algunos funcionarios que serían, de acuerdo al listado, miembros de la Cámara de Diputados y otros de la Cámara de Senadores. Ellos están siendo notificados”, informó el fiscal Aldo Ortiz, director funcional de la investigación.
Según dijo, en el marco de la objetividad que corresponde al Ministerio Público, se busca que las personas que aparecen en esas listas “aclaren si han tenido alguna relación, tanto comercial o de amistad, con algunos miembros de Bingo Bahiti”.
El fiscal precisó que se están haciendo las notificaciones con las pericias del caso y se están elaborando copias de seguridad de las computadoras secuestradas el 2 de agosto, durante el allanamiento a las casas de juego: “De igual manera, se hará una pericia de las tres máquinas que han sido secuestradas”.
Entretanto, afirmó que se procede a las citaciones de los funcionarios públicos para que se acerquen a la Fiscalía a efecto de prestar su declaración informativa. “Estamos hablando de un diputado suplente de La Paz, otros (titulares) de Oruro, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Trinidad y Pando, además de un senador que ya ha sido notificado el miércoles”, reveló, aunque no adelantó nombres de quienes serán convocados a partir de la próxima semana.
Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos de Azar (AJ), Bingo Bahiti adeuda al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 60 millones de bolivianos (U$S 8.620.689,66) por concepto del 30% del gravamen al juego en el marco de la Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar, promulgada del 25 de noviembre del 2010.
Juan Miguel Zambrana, asesor jurídico de Bahiti, negó la denuncia de evasión y aseguró que la compañía paga un canon sobre el juego del 15% del bruto que ingresa.
Durante el 2010, de los 35 millones de dólares que recibió Lotería Nacional por concepto de juegos, 33,6 millones fueron pagados por Bahiti, según Zambrana. Con la nueva ley, Bahiti estaría obligado a aportar el 60% de sus ingresos, según sus abogados.
La AJ intervino las salas de Bingo Bahiti el 13 de julio. La empresa no cumplió con el plazo de 120 días que otorga la Ley 006 para consolidar su licencia de funcionamiento. La ley dispone además una nueva forma de distribución de impuestos.