“Los casinos legales van a tener un período, estamos hablando de uno o dos años, para que se cierren paulatinamente y respaldar a sus trabajadores”, afirmó el mandatario en una entrevista con el canal de televisión RTS.
El miércoles, las autoridades iniciaron la clausura de las salas de juego ilegales que funcionaban con amparos constitucionales, un recurso cuestionado por el gobierno, que anunció un plan de capacitación, reubicación laboral y créditos para las personas que pierdan sus empleos.
“Vamos a tratar de brindarles todo el apoyo a los trabajadores de los establecimientos legales e ilegales”, señaló Correa, que añadió que su gobierno trabaja en una reforma para que los casinos tengan el período de gracia.
La prohibición de esos centros fue decidida por los ecuatorianos en un referendo propuesto por el presidente socialista, que además logró un aval para aplicar medidas destinadas a reformar la justicia y regular la prensa.
Unas 3.200 personas trabajan en los 32 casinos constituidos legalmente en Ecuador, donde la ley autoriza su funcionamiento sólo en hoteles cinco estrellas, según el Vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi), Jorge Castro.
Ascabi había planteado al Ejecutivo que le concediera hasta cinco años de gracia para recuperar unas inversiones que calcula en unos 180 millones de dólares -realizadas mayoritariamente por firmas extranjeras- o el pago de una indemnización que debería “traer a valor presente” ese monto.