(Paraguay).- El Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y a Fines (Sintraquiba) solicitó a la Contraloría General de la República que intervenga para evitar que se materialice la refinanciación de la deuda aprobada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a favor de Mepshow, operadora del juego de la quiniela.
Paralelamente y con apoyo del sindicato, un particular presentó un recurso de amparo ante la justicia para suspender los efectos de la resolución adoptada por la Conajzar de otorgar el pago fraccionado de la deuda a la concesionaria.
La nota de la organización sindical, firmada por César Roa, Alicia Gutiérrez y Abraham Díaz, pide la urgente intervención “en vista de que está en vías de materializarse un alevoso despojo al erario público, y pueda finalmente determinar las responsabilidades de los funcionarios venales que en forma coordinada están actuando en detrimento del Estado y de las 18.000 personas vinculadas a la quiniela”.
La Conajzar había decidido aprobar el pedido realizado por Mepshow de abonar en cuotas la deuda y pagar en forma diferida los cánones fijos de junio a noviembre, previo cumplimiento de una serie de condicionamientos que incluyen la presentación de una garantía bancaria. La medida fue tomada a partir de un dictamen de la Procuraduría General de la República.
Sintraquiba sostiene que la empresa Mepshow “por medio de arteras maniobras, en total complicidad con los miembros de la Conajzar y el procurador General de la República (Enrique García), ha llevado el juego de quiniela al borde de la extinción y, por añadidura, a miles de puestos de trabajo, sustento de igual número de familias de nuestros asociados”.
El sindicato explica que desde su adjudicación la citada firma ha violado la Constitución, el pliego de bases y condiciones, contrato y cuantas leyes regulan los contratos. Paralelamente, un recurso de amparo fue presentado ante la justicia para suspender los efectos de la resolución adoptada por la Conajzar.
La medida fue promovida por Anuncio Ferreira, argumentando que se siente lesionado en sus derechos constitucionales, y cuenta con el apoyo de Sintraquiba. Ferreira en su presentación explica que la Conajzar, mediante Resolución N° 156, dictó el 15 de junio pasado un “acto administrativo manifiestamente ilegítimo y arbitrario, que lesiona gravemente mis derechos constitucionales”.
Sostiene que la acción de la entidad afectará el servicio que la Diben brinda a los ciudadanos de escasos recursos, “incurriendo la conducta de ellos en lesión de confianza, ya que los miembros de la Conajzar, a través de un acto administrativo arbitrario, han causado una modificación al monto percibido en concepto de canon, y que son redistribuidos a distintas reparticiones públicas, como la Diben, mediante la cual afectan mis derechos constitucionales, ya que soy una persona que necesita de la ayuda social del Estado”.