Miguel Valdés, Director General de la empresa en España, explicó: “Hasta el momento, la regulación, que sólo afectaba a los operadores con puntos de venta físicos, se aplicaba a nivel de Comunidades Autónomas, de forma que los operadores solicitaban sus licencias en una determina comunidad, teniendo después que limitar a ella sus actividades”. Por lo que a fiscalidad se refiere, eran también las Comunidades Autónomas las que recaudaban los impuestos de forma local.
Dado que en España no existía una normativa de ámbito nacional, las operadoras online -cuya actividad es inevitablemente supraregional- actuaban solicitando sus licencias en algún otro país europeo, lo que, según las leyes de la Unión Europea, les permitía ofrecer sus servicios en cualquier país miembro. Eso sí, los impuestos se abonaban en el país donde habían obtenido la licencia.
La falta de una ley que regulara el juego online en España era un punto urgente de resolver, dado que se trata de un negocio en continuo y rápido crecimiento. Un negocio por el que el Estado no estaba recibiendo recaudación fiscal alguna y del que se estaban beneficiando los países vecinos que sí disponían ya de una normativa nacional.
Uno de los puntos más polémicos de la nueva Ley del Juego ha sido precisamente la tributación. En un primer momento, durante el proceso de desarrollo de la normativa, el Estado se planteaba, según Valdés, aplicar un porcentaje de impuestos del 25% sobre los ingresos brutos de las operadores de juego online. Algo desmesurado, según los operadores, teniendo en cuenta que en otros países donde ya existe una normativa del sector, como Italia o Reino Unido, la tributación se limita a un 10% sobre ingresos netos (descontado el importe correspondiente al pago de los premios). Finalmente, la ley aprobada establece una tributación del 25% sobre los ingresos netos de las compañías de servicios de juego online.
Pese a que, desde el punto de vista de la fiscalidad, la nueva Ley del Juego no beneficia al negocio de William Hill en España -la compañía operaba con licencia en Reino Unido, con lo que su tributación hasta ahora se limitaba a un 10%-, Valdés se manifiesta satisfecho con la aprobación de la normativa.
“Llevamos esperando esta ley desde hace seis años”, aseguró Valdés. “La existencia de un marco legal igual para todos era algo necesario. Sólo con una regulación común podemos competir en un mercado justo. Hasta ahora, los distintos operadores online competiremos por un mismo mercado con las mismas condiciones, mientras que hasta ahora las obligaciones y las protecciones de cada uno podían ser diferentes, dado que dependían de la regulación del país donde se había obtenido la licencia. Podía darse el caso de que nuestros competidores en este mercado estuvieran actuando en mejores o peores condiciones, según el país donde tuvieran la licencia para operar”, comentó.
“Además, en el futuro podremos hacer, por ejemplo, campañas de marketing e imagen de marca en cualquier medio, como radio y televisión, un privilegio hasta ahora reservado en exclusiva a Loterías y Apuestas del Estado”, agregó el ejecutivo.
En cualquier caso, una de las principales preocupaciones de Valdés durante el desarrollo de la Ley del Juego ha sido la posibilidad de que se restringiera el número de licencias para operar, dado que algunos informes técnicos manejados por el gobierno llegaron a sugerir que estaría justificado limitar a cinco la cantidad de operadores.
“Tal limitación hubiera resultado negativa tanto para los operadores como para los consumidores finales. El juego online es un negocio en rápido crecimiento. De hecho, en sólo dos años ha llegado a representar el 25% de los resultados totales de William Hill, que ha apostado por los canales Internet como alternativa para su expansión internacional. Existe negocio para todos, y limitar la oferta claramente perjudicaría a los usuarios, tanto por la variedad disponible, como por los precios”, argumentó Valdés. “Creo que lo más conveniente para todo es que toda empresa que cumpla las normas y pague la licencia y los impuestos correspondientes, pueda competir en el mercado”, aseveró.
Respecto a este punto, el documento final de la Ley del Juego no ha recogido finalmente la opción de limitar el número de licencias por concurso, aunque, según explica Valdés, “el Estado se reserva la posibilidad de hacerlo en el futuro”. Y es que la normativa establece un marco general de aplicación, pero, como indica Valdés, deja algunos de los puntos más importantes por concretar.
“El documento final supone un marco general de aplicación para la regulación del juego, y, en este sentido, es positivo que se reconozca una realidad existente en el mercado y que se regule. Pero los puntos más determinantes para el operador, como el marco publicitario, los requisitos administrativos y la homologación tecnológica, no están incluidos en la ley y quedan pendientes de ser regulados con decretos a través de la Comisión Nacional del Juego, cuya creación establece la nueva normativa”, explicó.
“Hasta el momento en que se publiquen estos reglamentos no se podrá tener una idea clara sobre si la regulación va a ser positiva y un ejemplo a nivel europeo o si, por el contrario, se tratará de una regulación proteccionista y oportunista. El texto aprobado es el definitivo, pero casi todas las partes clave de funcionamiento del mercado no están incluidas en él”, concluyó el director general de William Hill en España.