El sector del juego denuncia la privatización de LAE por mantener privilegios fiscales

Entre ellas se destacan especialmente las actividades de juego online, que ya compiten en facturación con el juego tradicional.

Los empresarios del sector muestran sentimientos encontrados ante este texto. Tal es el caso de Eduardo Antoja, vicepresidente ejecutivo de Cofar (patronal de empresarios del juego) y presidente de Facomare (máquinas recreativas): “Era imprescindible poner orden en la oferta de juego por Internet y eliminar de una vez la ilegalidad en que se mueve. Pero esto no justifica una Ley que refuerza y amplía el monopolio de Loterías y Apuestas del Estado para facilitar su privatización y que no resuelve, sino que acentúa, la disparidad de criterios de regulación en que se mueven el juego público (LAE y ONCE), el juego privado presencial (casinos, bingos, salas de juego, máquinas en hostelería) y, a partir de ahora, el juego por medios telemáticos”.

Las desventajas se dan, según los empresarios de juego físico, respecto a las casas de juego por internet. Antoja pone un ejemplo: “los reglamentos exigen para una ruleta francesa de un casino físico la presencia constante de un jefe, un subjefe y tres crupieres, y paga en impuestos un mínimo del 40% de la recaudación. Ese mismo juego en internet pagará un 25% si es de ámbito estatal, y en la Comunidad de Madrid un 10%”.

Situaciones como ésta han llevado a empresas como Codere, uno de los grandes grupos de juegos del país, a demandar a casas de apuestas por internet (en este caso a Bwin, empresa de origen austriaco que opera en España y otros países desde Gibraltar) por competencia desleal. Desde Codere aseguran que “la contribución fiscal ha sido históricamente una de las fuentes de legitimidad de esta industria y la equidad en su reparto es una obligación”.

El aporte impositivo del sector del juego privado es significativo; ya que, según datos de la propia Cofar, en 2010 aportaron 1.561 millones de euros en impuestos sobre unos beneficios conjuntos de 4.607 millones de euros. En tan sólo cuatro años (desde 2007) la recaudación de impuestos ha bajado un 15,6% mientras los beneficios caían un 12%. Las máquinas recreativas y los bingos lideran las caídas.

Pero los empresarios del sector denuncian también los desequilibrios respecto a Loterías y Apuestas del Estado. Unas ventajas que son, ante todo, fiscales. Porque todos los premios obtenidos a través de LAE están libres de impuestos mientras que en el resto del sector sí que tributan. En la misma situación está la ONCE, cuya cifra de negocio supone aproximadamente una tercera parte de la de Loterías.

Desde Cirsa Gaming Corporation, compañía que fue fundada en Terrassa en 1978, cuentan que “la privatización de LAE, en el marco de la nueva Ley de Juego, va a suponer un claro agravio a la libre competencia en el mercado del juego”. Piensan en esta empresa que Loterías podrá aprovechar “los flujos monopolísticos exentos de tributación para competir con el resto de operadores privados en el negocio de juego online”.

Y es que Loterías y Apuestas del Estado no es una empresa cualquiera, pues el negocio del azar consta de una serie de características que lo hacen especialmente sensible. La necesidad perentoria del Estado de obtener ingresos para paliar el déficit es la que impulsa al Gobierno a privatizar una parte de la entidad (que será en cualquier caso del 49% como máximo aunque en principio se venderá un 30%), que gana unas cantidades muy importantes de dinero.

Sin ir más lejos, los beneficios de LAE en 2009 (año de crisis profunda) fueron ni más ni menos que de 3.000 millones, y si consideramos que su facturación fe de 10.000 millones la conclusión es nítida: pocas actividades tienen una ratio cifra de negocio-beneficio como la que gestiona LAE.

Si se mantuvieran estables los ingresos de LAE, y al hacerse el sector privado con un 30% de su capital (lo que valdría entre 6.000 y 7.000 millones) los inversores privados pasarían a ingresar unos 900 millones anuales, por lo que en unos pocos años ya habría amortizado la compra de su porción de la empresa pública. Es por ello que muchos se oponen a que, por una necesidad temporal de ingresos, se venda la “gallina de los huevos de oro” del sector público empresarial español.