Ante la votación en el Senado

Codere sostiene que el nuevo proyecto de ley sólo beneficia a las empresas no legalizadas

03-05-2011
Tiempo de lectura 1:25 min
(España).- El Grupo Codere se ha dirigido a los distintos miembros de la Comisión de Economía del Senado para dejar constancia de que, tras las enmiendas aprobadas en el Congreso y ante su actual tramitación en el Senado, hay cláusulas de la futura Ley que no responden ni a los intereses generales ni a una correcta ordenación de este importante sector económico.

Para el Grupo Codere, esta convicción está fundamentada en el tratamiento que el proyecto de ley da a los operadores de juego online que han venido desarrollando esta actividad sin someterse a la legislación española, al no contar con licencia, no tributando en el país por los rendimientos obtenidos y no garantizando la adecuada protección de menores y grupos vulnerables.

 

“Estos operadores van a resultar privilegiados por la nueva Ley frente a los empresarios españoles que han sido respetuosos con la legislación española, han pagado puntualmente sus impuestos y han creado empleo y riqueza en España”, señalan desde Codere.

 

Según la compañía, para evitar el perjuicio al interés general y establecer un marco jurídico viable, el texto de la nueva legislación debe:

 

-Mantener la sanción penal, hoy vigente, para quien opere juego de forma ilegal en España, como así ocurre también, en países como Italia o Francia.

-Incorporar el elemental requisito de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales, para poder acceder a una licencia que permita operar juego en España.

-Exigir que los sistemas técnicos de soporte del juego residan en España, para garantizar la supervisión y el control por la Administración Pública, circunstancia avalada por la Comisión Europea como único y fundamental medio que soporta un control real y eficaz.

-Exigir la anulación de las bases de datos de clientes obtenidas de manera irregular, y que generarían desleales ventajas competitivas. Práctica ya vigente en la legislación francesa.

 

Además, Codere destaca que “sería muy desafortunado que una visión falsa y deliberadamente distorsionada de las obligaciones legales de España, derivadas de los tratados europeos, impidiera que algunas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, que ofrecen soluciones a estas carencias, no se incorporen al texto definitivo, dándole al futuro del sector, inseguridad jurídica y una muy previsible litigiosidad, en perjuicio de todos”.

 

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