Para el Grupo Codere, esta convicción está fundamentada en el tratamiento que el proyecto de ley da a los operadores de juego online que han venido desarrollando esta actividad sin someterse a la legislación española, al no contar con licencia, no tributando en el país por los rendimientos obtenidos y no garantizando la adecuada protección de menores y grupos vulnerables.
“Estos operadores van a resultar privilegiados por la nueva Ley frente a los empresarios españoles que han sido respetuosos con la legislación española, han pagado puntualmente sus impuestos y han creado empleo y riqueza en España”, señalan desde Codere.
Según la compañía, para evitar el perjuicio al interés general y establecer un marco jurídico viable, el texto de la nueva legislación debe:
-Mantener la sanción penal, hoy vigente, para quien opere juego de forma ilegal en España, como así ocurre también, en países como Italia o Francia.
-Incorporar el elemental requisito de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales, para poder acceder a una licencia que permita operar juego en España.
-Exigir que los sistemas técnicos de soporte del juego residan en España, para garantizar la supervisión y el control por la Administración Pública, circunstancia avalada por la Comisión Europea como único y fundamental medio que soporta un control real y eficaz.
-Exigir la anulación de las bases de datos de clientes obtenidas de manera irregular, y que generarían desleales ventajas competitivas. Práctica ya vigente en la legislación francesa.
Además, Codere destaca que “sería muy desafortunado que una visión falsa y deliberadamente distorsionada de las obligaciones legales de España, derivadas de los tratados europeos, impidiera que algunas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, que ofrecen soluciones a estas carencias, no se incorporen al texto definitivo, dándole al futuro del sector, inseguridad jurídica y una muy previsible litigiosidad, en perjuicio de todos”.