España: la Cámara Baja del Congreso aprobó la nueva Ley de Juego

Finalmente, el Congreso español ha aprobado hoy la nueva Ley Reguladora del Juego, que supone la mayor reordenación de este sector desde que fue despenalizado en el año 1977. La Comisión de Economía y Hacienda de la cámara baja ha aprobado, con competencia legislativa plena -el texto pasa directamente al Senado- este texto, que regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales como el bingo o el casino, los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de Internet o del dispositivos móviles, que carecen de un marco regulador y se encuentran hasta el momento en situación de “alegalidad”.

El Congreso ha incorporado un centenar de enmiendas, muchas de ellas pactadas por todos los grupos; entre éstas destaca el establecimiento de un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio (muchas de las grandes empresas que ofrecen juego por Internet patrocinan equipos de primera división de fútbol) y de publicidad en los medios de comunicación.

Además, entre los cambios que se han introducido figura la obligación de las empresas que utilicen Internet para ofrecer sus juegos de apuestas de utilizar un dominio español (como “.es”), para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades españolas.

La ley establecerá nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.

El informe de la Ponencia sobre la Ley del Juego crea una Comisión Nacional del Juego (CNJ) como organismo regulador encargado de velar por el adecuado funcionamiento del sector y se establece una regulación específica sobre el juego online.

El proyecto de ley del Gobierno, aprobado con la incorporación de 26 enmiendas transaccionales, fruto del acuerdo entre los grupos parlamentarios, incide especialmente en la adaptación de la legislación al nuevo escenario del juego electrónico surgida de la mano de la difusión de nuevas tecnologías. El texto aprobado hoy en la Comisión de Economía, con competencias legislativas plenas, pasará ahora al Senado, donde se tramitará con carácter de urgencia. Si allí se incorporan nuevas enmiendas, el texto volverá a pasar al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.

Uno de los aspectos más conflictivos durante la tramitación del proyecto del Gobierno se refiere a la entrada en vigor de la norma y la aplicación de su sistema de sanciones para las empresas de juego que no estén radicadas en España.

El PP, en su enmienda 251, y CiU, en la 188, solicitaban al Ejecutivo un período transitorio para permitir que las empresas ilegales que operan en España pudieran regularizar su situación y mientras tanto no fueran sancionadas, por ejemplo, al hacer publicidad o patrocinios. Ambas han resultado rechazadas, pero la portavoz socialista Montserrat Colldeforns se comprometió a estudiar una solución durante la tramitación en el Senado de la ley.

De acuerdo con lo aprobado hoy, el CNJ tendrá siete miembros, en vez de cinco, como se ha había previsto en un primer momento, para adecuar su formato a la Ley de Economía Sostenible, que dicta que los organismos reguladores en España deben contar con siete miembros en su cúpula directiva.

Con esta norma se trata de regular el juego online o a través de teléfonos móviles, modalidades de juego que ya se están dando en España, pero sin la regulación, la seguridad y la transparencia que se les exige a los juegos presenciales.

El proyecto incide especialmente sobre la protección de los menores y de las personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación, el orden público y la prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La ley creará, además, un régimen fiscal específico para las actividades que regula y que grava la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad de juego de la Lotería. La Lotería Nacional no estará sujeta a ese nuevo Impuesto sobre Actividades de Juego, lo que según el diputado del PP Antonio Gallego es un intento de "blindar" este organismo para mantener el precio de venta en el proceso de privatización que quiere llevar a cabo el Ejecutivo.

Los populares consideran que "no tiene sentido que un operador privado pague una fiscalidad que triplique la de los operadores online", por lo que piden al Ejecutivo una "homogenización de la fiscalidad con los medios presenciales que, además de no poder hacer publicidad de su actividad, pagan tres veces más".

En virtud de esta ley se crea el Consejo de Políticas de Juego, para articular la necesaria coordinación y participación de las comunidades autónomas. Se trata de un órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.

La norma, además, define las distintas modalidades de juego, establece los requisitos que deberá cumplir cada una de ellas y fija las prohibiciones, tanto subjetivas como objetivas, que pesarán sobre las actividades objeto de regulación.

Gallego reprochó al Gobierno que no haya "escuchado al sector" y su urgencia en aprobar una ley que tiene por objetivo "hacer caja".

Uno de los aspectos más importante para el PP es que finalmente se ha acordado un sistema más "flexible, competitivo y europeo" que sustituye el modelo de otorgamiento de licencias por concurso público por el de autorizaciones administrativas.

En relación a la regulación de los juegos patrocinados por la ONCE, el PP se mostró satisfecho de que continúen exentos de pedir permisos administrativos a las comunidades autónomas, manteniendo su estatus actual, en contra de lo que expresó el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu.

En nombre de CiU, Josep Sánchez Llibre reconoció que se trata de una ley "novedosa", en la que debe quedar bien clarificado el marco competencial que afecta a los gobiernos autónomos.

Nuria Buenaventura, diputada de ICV, aseguró que se trata de una "ley necesaria e importante" que regula los aspectos económicos y sociales del juego. Insistió en que el nuevo texto legal pretende evitar "prácticas abusivas" y promover una "gestión responsable del juego".

La portavoz socialista, Montserrat Colldeforns, defendió la creación del CNJ, porque coincide con la regulación europea en esta materia, y descartó la posibilidad de que en este organismo haya representación de las organizaciones de ludópatas y del sector, por entender que el Consejo debe ser "totalmente independiente".