España: planean repartir el negocio del juego online entre cinco operadores

Así, aunque en el proyecto de ley no se menciona un número concreto de licencias, en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña al proyecto el Ejecutivo se estima que recibirán las nuevas licencias cinco operadores y calcula todos los costes administrativos para el Estado en relación a ese número.

En cuanto a la frecuencia de las nuevas licencias, que permitirán a los operadores explotar el negocio del juego online de manera legal en España, el Ejecutivo señala en la memoria, elaborada por el Ministerio de Economía y Hacienda, que cada licencia tendrá una duración de 15 años prorrogables durante otros 15 años más.

En la memoria, el ministerio reconoce que "tanto la reserva de la actividad de juego de loterías" a Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE, "como el establecimiento de un sistema de licencias y autorizaciones previas para desarrollar las actividades de juego no reservadas, suponen una restricción a la competencia ya que limitan el número de operadores que pueden competir en dicho mercado".

No obstante, el Ejecutivo argumenta que "esta limitación obedece a la necesidad de proteger la salud pública, luchar contra el fraude y prevenir las actividades delictivas". Además, señala que esta restricción está también fundamentada "en la protección del consumidor y el mantenimiento del orden público y social".

Las nuevas licencias serán entregadas por la nueva Comisión Nacional del Juego (CNJ) tras un concurso público al que podrán presentarse los operadores que cumplan con las condiciones que figuran en el proyecto de Ley del Juego, que incluyen un plan operativo que tenga en cuenta los principios del juego responsable, la formación de empleados, los canales de distribución o el diseño de juegos.

Además de regular el sector, el proyecto de ley del juego crea un nuevo impuesto del juego, que va a gravar por primera vez en España las apuestas online sobre los ingresos netos de estos alrededor de cinco operadores. En el proyecto de ley se fija un tipo impositivo del 25% sobre ingresos netos en la mayoría de tipologías de apuestas, salvo en las apuestas hípicas y en las apuestas mutuas, a las que se les gravará en función de sus ingresos brutos.

En el análisis sobre el impacto que acompaña al proyecto de ley, el gobierno calcula, teniendo en cuenta datos obtenidos de los distintos operadores del juego en 2009, que los ingresos brutos de estas compañías ascienden a alrededor de 600 millones de euros al año, frente a los 9.844 millones de euros de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).