España enfrenta el desafío de reorganizar un negocio de 30.000 millones de euros

Sin embargo, pocos son los que están completamente conformes con el proyecto de ley aprobado por el Gobierno el 4 de febrero. Ya el primer borrador, enviado a los distintos sectores implicados en plena época navideña, dejó descontentos a casi todos.

La Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ), la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ) y la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR) pidieron medidas para que las casas de apuestas, que han estado operando “sin autorización de ningún tipo”, no partan con ventaja en el nuevo contexto.

Se quejaron de la ausencia de medidas en ese sentido y señalaron que otros países europeos, al regular el juego, «han obligado a estos operadores a hacer una 'puesta a cero' o cancelación de sus bases de datos y saldos de clientes», a fin de partir en igualdad de condiciones.

Hablamos de un sector que aún genera más de 100.000 empleos directos en un país con una tasa de paro superior al 20%, si bien los juegos de gestión privada (especialmente casinos y bingos) atraviesan su crisis particular, con descensos de entre el 7% y el 9% en su cifra de negocios anual.

De los 30.110 millones que el negocio del juego generó en 2009 (último año del que hay datos), 18.285 millones correspondieron a juegos privados, 9.844 millones a los gestionados por el ente público Loterías y Apuestas del Estado (LAE), y 1.981 millones a los de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Los juegos desarrollados por empresas de índole privada se explotan en casinos, bingos y salones de juego o establecimientos de hostelería, y suponen más del 60% del total de negocio. Los de gestión estatal, encomendados a la LAE, consisten en loterías (incluidas las primitivas) y quinielas, representando más del 32% del total. Mientras que el cupón de la ONCE y sus derivados concentran el 6% del negocio.

Descensos de dos dígitos en los ingresos de casinos (-12,9%) y bingos (-14,3%), y también cercanos en los salones de maquinas recreativas (-7,8%) contrastan, no obstante, con la relativa tranquilidad en los juegos de índole pública gestionados por el Estado, cuya facturación apenas bajó un 2%, siendo la lotería nacional de los sábados la estrella, con 5.147 millones de euros. La ONCE, sin embargo, vio como sus ventas bajaron un 5,7%.

Con la futura ley, el sector más afectados será el juego online, que por primera vez estará sujeto a una estricta regulación. Sin embargo, ésta no ha dejado contento a nadie, ni las empresas de este canal ni las tradicionales. Los responsables de la Remote Gambling Association (RGA), plataforma que agrupa a operadores de juego por Internet, temen que la nueva ley “haga inviable el mercado español del juego online”.

Por eso, quieren cambiar la base imponible de los nuevos tipos de impuestos previstos en el proyecto, para que en lugar de afectar a los ingresos brutos de las empresas se apliquen a los netos, es decir, a los ingresos una vez descontados los premios.

Pero las críticas al texto que ya está tramitando el Parlamento no solo vienen de las empresas que operan en la Red, sino también de las compañías tradicionales. El secretario general de la Asociación Española de Casinos de Juego, Heliodoro Giner, sigue lamentando que “no se haya contado con el sector para la preparación del texto”.

A su juicio, el texto debería regular exclusivamente el juego que tiene lugar en el ámbito de lo privado, es decir, el de Internet en el que los usuarios operan desde sus casas. Además, Giner explica que no se recoge en el texto medida correctora alguna que tienda a equilibrar el punto de partida entre quienes hasta ahora estaban regulados y los que no. Apunta que el sector del juego legal paga cerca de 3.000 millones de euros anuales a Hacienda (datos de 2007), y que dicha carga fiscal ha impedido que puedan destinar más dinero a anuncios o patrocinios.

El proyecto también establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía. Asimismo -y esta es la parte sustancial para las arcas públicas- crea un nuevo impuesto que esta vez sí afectará a las empresas de apuestas por Internet, así como nuevas licencias para los operadores. En ambos casos, las autoridades regionales jugarán un papel importante, pues las competencias sobre el juego están transferidas a las autonomías. La Ley del Juego también supondrá dar más competencias a la Comisión Nacional del Juego y al Consejo de Políticas de Juego.