Edición Latinoamérica
05 de Agosto de 2020

La iniciativa fue su principal propuesta para financiar la lucha contra la inseguridad en el país

Costa Rica: el Gobierno congela su plan para cobrar nuevos impuestos a casinos

(Costa Rica).- El Poder Ejecutivo congeló la semana pasada su proyecto, debido a que el mismo podría estorbar a la reforma fiscal que quieren emprender a futuro. El cobro de un tributo del 15% a los juegos de azar fue una promesa clave de la campaña electoral, pero finalmente no se llevará a cabo la medida.

A

seis semanas de cumplir su primer año de administración, el Ejecutivo mantiene el proyecto fuera de la agenda del Congreso y lejos de convertirse en realidad. “El plan fue retirado de la Asamblea Legislativa para evitar que obstruyera el trámite de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno”, reconoció Marco Vargas, ministro de la Presidencia.

La iniciativa “no tenía viabilidad”, añadió el jerarca, quien sostuvo que actualmente un equipo de Gobierno se dedica a corregir la propuesta. El Ejecutivo prefirió darle prioridad al plan de “Solidaridad tributaria”.

Cabe recordar que con miras a los comicios de febrero del 2010, el PLN habló de gravar los casinos a fin de destinar cerca de 100 millones de dólares anuales a la seguridad. Una vez ganadas las elecciones, la presidenta Laura Chinchilla incluyó el tema en el pacto de gobernabilidad firmado con el Movimiento Libertario, partido que históricamente ha expresado reservas sobre gravar el sector de juegos de azar.

Con solo tres días de haber entrado a la Asamblea Legislativa, la jefa de fracción del PLN, Viviana Martín, puso el tema sobre la mesa. Lo hizo al incluir en la agenda del Congreso el proyecto de ley de regulación de apuestas, de casinos y de juegos de azar, enviado por el Gobierno anterior.

El plan pretendía cobrar a la industria un impuesto mensual del 2% sobre sus ingresos brutos. No obstante, el 18 de agosto del 2010 la Administración Chinchilla envió a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso un texto sustitutivo que elevaba el tributo a un 15%, además de que introducía un impuesto de 50.000 anuales (unos 100 mil dólares) a los call centers que trabajen para casas de apuestas del exterior.

El texto sustitutivo además crearía un ente rector de los juegos de azar dentro del Ministerio de Gobernación, encargado de otorgar licencias y de regular los juegos. A pesar de que el 30 de noviembre del 2010, el ministro de la Presidencia incorporó el proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias, el cual se extiende de diciembre a mayo, Vargas lo sacó del debate solo 13 días después.

“Realmente no tenía viabilidad de caminar en la comisión”, afirmó el ministro de la Presidencia. “Nos obstruía mucho en la Comisión de Hacendarios (donde también se discute el plan fiscal). Esa es la razón por la que lo sacamos y hemos tenido un grupo trabajando en el tema. Realmente, la ley no tenía viabilidad como estaba planteada”, continuó.

La iniciativa ya había recibido la oposición de sectores como la Junta de Protección Social (JPS), el PAC y el Libertario. Este último reprochó que el proyecto hubiese sido cambiado. Guillermo Zúñiga, diputado liberacionista que preside la Comisión de Hacendarios, dijo que las razones sobre el congelamiento del proyecto escapan de las manos del Congreso, porque obedecen a decisiones de Casa Presidencial.

Por su lado, Jorge Hidalgo, presidente de la Asociación Costarricense de Casinos, opinó que la pretensión de cobrar un 15% de impuesto quebraría la actividad, aparte de que no comparte el rango de controles que se proponen. “El tipo de regulación que se impone es más para cerrar el negocio”, enfatizó Hidalgo. Según él, ningún casino podría dar al Gobierno la información de sus clientes.

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