Argentina: el Casino de Bariloche iniciaría acciones judiciales de aprobarse la suba de impuestos

Desde el lunes pasado, en el marco de la Comisión de Economía del Concejo municipal, y en el tratamiento del proyecto de ordenanza de la actualización de tasas, ya se había adelantado la presencia de representantes de casino. La empresa se presentará con ánimos de discutir y escuchar las argumentaciones que motivaron el proyecto.

El responsable de las relaciones institucionales del Casino Bariloche, el Licenciado Pedro Varas, manifestó que de aprobarse el proyecto que prevé una suba de la actual tasa en $ 120.000, el Casino realizaría las acciones judiciales que considere necesarias. Esta situación ya fue prevista en reuniones precedentes por varios de los ediles, quienes desde un principio plantearon trabajar con la fundamentación del monto previsto.

Asimismo, Pedro Varas resaltó que estará presente en la reunión que “quizás, sea el lunes o jueves”. A lo que manifestó su obligación de hacerse presente en las decisiones que se vayan tomando por parte del Ejecutivo y el Legislativo trabajando en conjunto, en torno a este tema.

Con respecto a la desaprobación que se realiza por parte del Estado, orientada a desestimar esta clase de actividades, Varas señaló que es una “actividad legal”, y además tiene muchos años de iniciadas en la ciudad, específicamente.

En este sentido, tanto algunos los concejales, como desde el Poder Ejecutivo, se expresaron contra los casos de ludopatía que la actividad del casino podría generar. A lo que Varas, enunció que en comparación con otra clase de enfermedades vinculadas a las adicciones, este trastorno se presenta en un porcentaje “pequeño”, además que las situaciones de estas características deben ser tratado con “políticas públicas”.

A este punto señaló que el Estado, “en este caso provincial, debe llevar adelante esas políticas públicas junto con los hospitales”, quienes además deben contar, desde salud mental con especialistas en los trastornos vinculados al juego. Señaló, además, el papel que debe desempeñar la familia en conjunto a las instituciones.

Con respecto al monto, Varas manifiesta que se “pretende cobrar una tasa desmesurada, en comparación con otras empresas”. “Si se trata de empresas legales debe haber una igualdad”, agregó. Asimismo, manifestó que la tasa es en concepto de retribución de servicios, a lo que agregó que debería haber una proporción con el servicio que se le da a la empresa. En este mismo sentido, señaló a los hoteles y otras empresas, que demandarían mayores servicios de este tipo, puesto que “tienen mayor cantidad de baños, por ejemplo que el Casino”.

En definitiva, manifestó: “no estamos de acuerdo con la ordenanza”. Pero, en la próxima reunión, a la que fue convocado por el mismo concejo, aclaró que escucharía y respetaría las diversas opiniones que fueran presentando los concejales.

A esta altura de la polémica que se va suscitando en torno a la actualización de tasas de los casinos, fueron perfilándose las posiciones, tanto del casino como del concejo y el poder ejecutivo. Mientras que desde ambos poderes del Estado ya fue calificada como “irrisoria” la actual tasa que ingresa por parte del casino, desde la representación del casino se define el aumento previsto por el proyecto como “desmesurado”. Por estos días resta esperar las conclusiones  a que se vaya arribando en la primera reunión, donde se convocará a la totalidad de las parte.

Asimismo, el casino ya confirmó que de aprobarse el proyecto, como se previó para la primera sesión ordinaria del Concejo, la empresa realizaría las acciones judiciales pertinentes al caso. Situación de la cual ya se cuenta un antecedente, cuando hacia el año 1998, se presentó una tentativa de incremento de la tasa del casino; resultado de la cual, la empresa se presentó en la Justicia, y dicha normativa quedó calificada como “anticonstitucional”. Marcándose un precedente tenido en cuenta, desde las primeras reuniones en la que se le fue dando tratamiento al actual proyecto. Este, que fue enviado hacia fines del año pasado por el poder ejecutivo al concejo, con una posterior nota donde se solicitaba un “urgente” tratamiento.